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VIVIENDA ANDALUCÍA

La Junta considera poco ambicioso el nuevo plan de vivienda

Andalucía es la comunidad que más dinero recibe del Ministerio de Fomento y la que peor gestionó en 2017 los convenios de ayudas

SEVILLAActualizado:

El Gobierno andaluz no puede incluir la gestión en materia de vivienda entre sus grandes logros. De hecho, no hay demasiadas menciones a esta materia en los últimos discursos del Gobierno andaluz, a pesar de que la infravivienda, las ayudas al alquiler o la rehabilitación son asuntos de gran impacto social. Estas líneas de ayuda son la parte principal del Plan de la Vivienda 2013-2016, ampliado en 2017, que firmaron el Ministerio de Fomento y la Junta, cuyo balance es bastante discreto. En virtud del mismo, el Estado aseguraba la llegada a Andalucía de casi 546 millones de euros en los últimos cuatro años. Del total, en torno a 300 millones, se destinaron directamente a subsidiación de préstamos, mientras que otros 230 se ponían a disposición de los programas de ayuda al alquiler y la rehabilitación, y los de regeneración y renovación urbana. Sin embargo, la Junta ha dejado de utilizar 81 millones de euros de la aportación puesta a su disposición por el Ministerio en estos años, al no poder gestionar el volumen de las ayudas.

Apesar de las críticas, Andalucía es una de las comunidades autónomas que votó a favor de este plan el jueves en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo que acordó en Madrid el reparto de los 1.443 millones del Plan de Vivienda 2018-2020. El consejero Felipe López lo califica de «escasamente ambicioso y poco innovador», a pesar de que Andalucía recibirá más fondos que en el anterior plan: unos 247 millones en ayudas.

La más beneficiada de España

Andalucía es la región más beneficiada de España en financiación de planes de vivienda, como corresponde a la región más extensa y poblada. Recibe más del 17% de los recursos. Sin embargo, es la comunidad que peor las ha gestionado. El ministerio calcula que sólo cumplió un 62% del plan, una cifra que la Junta de Andalucía corrobora, señalando que es casi el doble de la media general.

Si nos ceñimos al año 2017, año en el que el plan estuvo prorrogado, el Gobierno gestionó con todas las comunidades una aportación de 312 millones de euros, de los que se ejecutaron casi 278. De los 34,8 millones sin ejecutar, 29 correspondían a Andalucía. No fueron aprovechados. Según las estimaciones del Ministerio de Fomento, la ejecución de programas de vivienda en Andalucía fue del 50 por ciento. Con las mismas condiciones de gestión, hasta seis comunidades (Cataluña, Valencia, Aragón, Asturias, Cantabria y Baleares –sin contar Navarra y País Vasco, que tiene un régimen propio–) ejecutaron al cien por cien sus planes.

Los datos tampoco se corresponden con las necesidades declaradas de vivienda en Andalucía, donde hay más de 124.000 personas inscritas en los registros de demandantes de vivienda. La tasa de emancipación de jóvenes de entre 16 y 29 años (17%) ha descendido en la comunidad cinco puntos en los últimos años y los datos del Consejo General del Poder Judicial apuntaban ya en 2016 a que una de cada cuatro ejecuciones de hipotecas en España se produce en Andalucía.

De los 68 millones de los que disponía desde 2014 para ayudas al alquiler, la Junta sólo ha ejecutado 28 millones

Uno de los ejemplos que mejor definen los problemas de gestión de los programas del plan de vivienda son las referidas a las ayudas al alquiler. En grandes cifras, de los 68 millones de los que disponía desde 2014 para ayudas al alquiler, la Junta de Andalucía sólo ha ejecutado 28 millones, según el Ministerio, una cifra que la Junta sitúa en 34 millones. En el año 2015 se presentaron 29.695 solicitudes y se concedieron un 30%. De la convocatoria de 2015 se devolvieron 3,3 millones de euros.

Las ayudas de 2016 se convocaron entre los meses de julio y agosto y se resolvieron en diciembre de 2017. Eso no quiere decir que se liquidaran. Desde entonces se tramitan las órdenes de pago. Algunos de los más de 15.000 afectados, que reclaman una deuda de 15 millones de euros, recurrieron a la vía judicial. Ya hay sentencias condenando al pago de unos 5.000 euros por inquilino. La Junta de Andalucía señala que está tramitando «las ayudas correspondientes a 2017» con un montante de 16,3 millones para 12.500 familias solicitantes. Alega que «la convocatoria tuvo que esperar siete meses a la firma de la prórroga del plan estatal de vivienda de julio para iniciar su tramitación.

El Defensor del Pueblo ya expresó su queja al Gobierno andaluz por el retraso en el pago de estas ayudas. Y a razón de los comentarios de particulares que constan en la propia web del Defensor los problemas persisten: «Desesperante. Me dicen desde hace un mes que está en fiscalización. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Qué rabia e impotencia. SOS», indica un mensaje remitido desde Granada el 6 de marzo. «A 1 de marzo de 2018 –señala otro mensaje– y seguimos esperando la ayuda de 2016, es vergonzoso lo que está pasando y todos los días por teléfono nos dicen igual, ¿qué esperan, que nos echen de los pisos?».Este mensaje recrimina al Defensor la falta de ayuda, a lo que le contestan desde la institución que «El Defensor del Pueblo Andaluz no gestiona ésta ni ningún tipo de ayudas o subvenciones» y recomienda trasladar la queja a la centralita telefónica de la Consejería de Fomento. No obstante, a otro de los afectados , residente en Sevilla, le contesta: «ayer en la visita que nos hizo el consejero nos dijo que estaban pagadas casi todas las ayudas al alquiler, que sólo quedaban un 5% por problemas de falta de presentación de documentación. Si quieres puedes mandarnos un escrito con tus datos y lo que te hayan solicitado para intentar ponernos en contacto con la Delegación». Otro interlocutor responde: «Lo del 5% no lo sé, pero que hay gente al corriente de documentación que no ha cobrado si sé que es cierto». Incluso uno de los beneficiarios de las ayuda informa al resto a través de la web de que por fin ha cobrado y desea «suerte a los que faltan».

De tres meses... a tres años

Un reciente informe de la Cámara de Cuentas refleja también el problema de la lenta gestión de las ayudas de la Junta en materia de Vivienda, ya que tarda una medida de tres años y ocho meses en tramitar subvenciones en los distintos programas del plan cuando deberían estar resueltas.

La Consejería de Fomento y Vivienda cuenta con una agencia específica en su administración paralela para gestionar las ayudas. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía según su catálogo de puestos de trabajo actualizada a diciembre de 2017 cuenta con una plantilla de más de 600 empleados.

Los retrasos no afectan solo al cumplimiento del Plan de Vivienda en los apartados que cuentan con financiación estatal, sino que diversos programas con exclusiva financiación autonómica incluidos en el Plan andaluz de vivienda 2016-2020 (los planes se solapan, lo que hace más difícil su seguimiento). Ocurre con el Programa de Intermediación en el mercado del alquiler, un buscador público de viviendas libres en alquiler de precio asequible, que sólo ha tramitado 40 ofertas. Actualmente sólo hay cuatro ofertas en web. Entre los programas fallidos o con retraso del Plan estatal de Vivienda se encuentran las ayudas a la autoconstrucción o el proyecto de Mapa Urbano de Infravivienda, que sigue en fase de elaboración y del que dependen otros programas, como los de transformación y eliminación de infravivienda.