Manifestación de las guaderías ante la sede de la Junta en Torretriana el pasado 23 de marzo
Manifestación de las guaderías ante la sede de la Junta en Torretriana el pasado 23 de marzo - PEPE ORTEGA
EDUCACIÓN

La Junta castiga a las clases medias con las nuevas ayudas a guarderías

Desde la patronal de las escuelas infantiles denuncian que el nuevo decreto ley perjudica a las familias con sueldos modestos

SEVILLAActualizado:

Como un auténtico «tijeretazo» califica la patronal de las guarderías los nuevos recortes de Educación. «Es un auténtico atentado a la clase media», señala Maribel Uncala, vicepresidente de Escuelas Infantiles Unidas, que cree que con los nuevos baremos se favorece la economía sumergida y se castiga las rentas medias que tienen una nómina.

Para empezar se ha cambiado las tablas de bonificación. Antes, con el decreto de 2009, se tomaba como referencia que podían recibir subvención las familias con hasta dos Iprem. El Iprem es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples; es el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Desde el año 2010 se mantiene estable en los 532,51 euros mensuales, 7.455,14 al año. Ahora como máximo lo harán las unidades familiares con una cuota igual o inferior a 1,40 Iprem.

Esto se traduce, por ejemplo, que una familia típica, un padre y una madre con un hijo, para poder recibir una bonificación en un centro infantil antes no podía ganar más de 44.730,84 euros. Con el nuevo decreto ley esta cantidad se reduce a 31.311,59 euros.

«Está claro que lo que se busca no es favorecer la conciliación, sino a las rentas más bajas», declara María Pérez (el nombre es ficticio, es funcionaria y prefiere mantener el anonimato) que relata a este periódico su caso. «El curso 2014-2015 estaba con jornada completa. Un año después, con un solo hijo me subvencionaban el 25 % (toman renta de 2013 que seguía a jornada completa), después tuve a mi segunda hija y en el curso 2016-2017 (toman renta de 2014 aquí solo estuve tres meses a jornada reducida, el resto completa, ya con cuatro miembros de la unidad familiar, me subvencionan el 50%. La paradoja es que el año que viene con la misma situación económica me subvencionan sólo el 10%, puntuan la renta de 2015 en la que estuve de enero a junio incluido a jornada reducida», se queja .

«Mi marido y yo tenemos sueldos muy normales, él 1.250 euros y yo 1.500 a jornada completa, no llega a 1.300 cuando reduzco jornada. El índice de referencia que toman para las ayudas a las guarderías no cambia desde 2010 y encima bajan los criterios en las tablas. ¿No se suponía que en Andalucía los servicios sociales no se recortaban y se iban hacer políticas de conciliación?», se pregunta esta mujer que argumenta que «no tiene sentido que en lo peor de la crisis la subvenciones fueran mayores que ahora».

«Nos vemos obligados hacer malabares para poder conciliar, incluso perdemos poder adquisitivo obligándonos a reducir jornada aunque sea temporalmente para cumplir horarios, compatibilizar como se pueda vida familiar con profesional, que los niños no estén más de ocho horas en la guardería (ya que está prohibido aunque tu jornada sea del mismo tiempo), todo son trabas y además si trabajas te penalizan...», manifiesta Pérez.

«En mi caso el año que viene necesitaré más de 350 euros entre guardería de la pequeña, aula matinal y comedor de mi hijo mayor en el colegio para poder ir a trabajar. Estamos hablando de colegios y guarderías públicas y sueldos medios muy normales. Está claro que la conciliación brilla por su ausencia», concluye indignada.

Tabla de ayudas en el nuevo decreto de la Junta

Baja el segundo hijo

Otro ejemplo que demuestra con las nuevas tablas el recorte de este año es la reducción por su segundo hijo, que aunque proporcionalmente se mantiene igual (-30%), al variar la cuantificación se nota mucho. Una unidad familiar de cuatro miembros y una renta de 29.820,56 euros, antes pagaba 36,6o euros y ahora casi el doble, 66,55.

Maribel Uncala, de Escuelas Infantiles Unidas expone que «este decreto supone un ataque a las familias andaluzas en toda regla, donde se pasa de un nivel de protección a las familias a un nivel de competencia entre ellas para obtener una bonificación. Si bien es verdad que las rentas muy bajas no van sufrir ninguna variación, también es cierto que con los nuevos baremos las familias van a sufrir un aumento en su cuota a abonar de hasta el doble con los mismos ingresos pudiendo pasar de 69,725 € a 139,72 €. Estamos informando a las familias que reservan plaza de sus nuevas bonificaciones y las reacciones están siendo todas en contra del nuevo decreto porque ahora ven que la Junta de Andalucía ha mentido abiertamente a la sociedad y a los partidos políticos como Ciudadanos».

«Es un decreto mal llamado para favorecer la escolarización, cuando se debería llamar decreto para bonificar menos a las familias y dificultar el acceso a las ayudas. Las familias mil euristas que trabajan los dos, o sea la clase media-baja que declara todos sus ingresos van a ser las más perjudicadas por este decreto. Y cuando la sociedad se dé cuenta de lo que la Junta ha hecho no descartamos grandes movilizaciones», denuncia esta empresaria.

Después de mayo

«En el decreto no queda claro ni siquiera como van a solucionar el tema de los nacidos después del 12 de mayo ya que habla de una sóla convocatoria extraordinaria, con lo que las mamás que tengan que incorporarse a su puesto de trabajo tendrán difícil hacerlo. Por supuesto los niños nacidos en fecha de solicitudes nunca obtendrán bonificación si la solicitan fuera de plazo. Esta medida además de perjudicar a las familias y a los centros lo hará a las trabajadoras, ya que se perderán puestos de trabajo», explica esta empresaria.

Desde la patronal ACES, «Centros de economía social» creen que el nuevo modelo «rebaja a los centros de una etapa educativa al nivel de cualquier servicio complementario. El coste del servicio lo valora entre 93 céntimos y un euro con diez.»

Para las familias se rebaja su nivel de protección, apunta María José Ordóñez, de ACES. «Se pasa de un sistema de bonificar a todas aquellas familias que según la renta tenían derecho a otro basado exclusivamente en la disponibilidad presupuestaria», explica. Además, «no se garantiza las mismas bonificaciones que en el anterior, al pasar de cuatro tramos a nueve.

Desaparece la conciliación de la vida familiar y laboral después del periodo de matriculación, las familias no podrán bonificarse aunque la situación económica sea precaria». Por último, denuncian que «los padres tendrán que hacer la matricula sin conocer el coste de la plaza. La información la tendrán como muy pronto un mes después».