CASO ERE ANDALUCÍA
La Junta de Andalucía, víctima de su propia estrategia de defensa de Chaves y Griñán en el caso ERE
Su recurso de amparo ante el TC no tiene visos de prosperar, según fuentes jurídicas
La defensa de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha empujado a la Junta de Andalucía a un callejón sin salida en la macrocausa de los ERE. Quiere acusar a los ex altos cargos que, a su juicio, cometieron «delitos de corrupción» por repartir ayudas a discreción a ERE que incluían a personas ajenas a las empresas subvencionadas (intrusos), pero no puede ejercer la acción penal contra ellos porque se ha borrado de la causa que va a juzgarlos.
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Como consecuencia, la principal perjudicada por el desvío de fondos públicos se ha quedado «fuera de juego». En este contexto, el pasado 16 de noviembre, sus letrados presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) que, según fuentes jurídicas consultadas, va a tener poco recorrido. La Junta alegó que se había vulnerado su derecho fundamental a una tutela efectiva como acusación particular al no poder ejercer la acción penal contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández por la gestión de más de 160 ayudas irregulares.
La Administración es víctima de sus propias decisiones y vaivenes en la instrucción de los ERE
La Administración es víctima de sus propias decisiones y vaivenes durante los siete años de instrucción de un caso que convulsionó la vida política andaluza y puso en el disparadero de la Justicia a dos figuras simbólicas para el socialismo, que han sido exministros del Gobierno y expresidentes del PSOE federal. La presidenta andaluza, Susana Díaz, insiste en que los expresidentes son dos personas «honestas y decentes» y que nadie puede decir que se hayan llevado «un duro».
El discurso político de defensa del Gobierno andaluz se acoplaba a la perfección con la estrategia procesal de la Junta. Ambos se retroalimentaron. Sus letrados desistieron de ejercer la acusación en la pieza política que afectaba a los expresidentes y a 20 ex altos cargos. En su escrito de «no acusación», los letrados pidieron el archivo de la pieza política esgrimiendo que no hubo una «trama criminal» ni se creó un procedimiento para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas.
Pendiente en el TC
El TC aún no ha adoptado ninguna decisión sobre el recurso de la Junta. Pero fuentes jurídicas consultadas por ABC ven impensable incluso que sea admitido a trámite: « El TC no puede meterse en las cuestiones de legalidad ordinaria ; no es una segunda instancia judicial y nunca va a poder revisar jurídicamente, en este caso, una decisión de la Audiencia». «En el recurso no se entiende qué derecho se vulnera. A mi juicio, es un tema de imagen, puro postureo», añaden.
Para entender qué ha sucedido hay que remontarse a la división del caso en piezas en 2015, decisión de la instructora María Núñez que la Fiscalía solicitó y que la Junta validó.El despiece de la macrocausa abrió la puerta a lo que ocurrió después gracias a la tenacidad de algunas defensas. La Audiencia de Sevilla estableció el criterio de que los ex altos cargos deben ser juzgados una sola vez , por el sistema ilegal de reparto de fondos, y no por cada una de las ayudas que dieron a empresas. Se hizo valer el principio «non bis in idem», según el cuál nadie puede ser juzgado y castigado dos veces por un mismo delito.
Esta decisión dio pie al archivo masivo de causas. Se sobreseyeron así los hechos que incriminaban a Antonio Fernández en la investigación de la ayuda dada a la empresa Calderinox en un auto que fue rebatido por la Junta, primero, con un incidente de nulidad de las actuaciones y, agotados todos los cartuchos, con un recurso ante el TC. Éste fue el principio del fin de la Junta como acusación en la causa.
