Andalucía

La Junta de Andalucía tiene sin ocupar la mitad de los puestos de funcionarios

Hay cuarenta mil plazas en la administración general y 19.000 vacantes

Funcionarios en unas dependencias de la Junta de Andalucía
Funcionarios en unas dependencias de la Junta de Andalucía - MILLÁN HERCE
ANTONIO R. VEGA Sevilla - Actualizado: Guardado en:

El funcionario cada vez tiene menos peso en la «báscula» laboral de la Junta de Andalucía. El 47,4 por ciento de los puestos reservados a funcionarios que figuran en la relación de personal de la Junta de Andalucía no están ocupados por nadie. En el conjunto de consejerías y organismos autonómicos que conforman la Administración General de la Junta, existen 19.085 puestos de funcionarios recogidos en las distintas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que no se están cubriendo, según un informe elaborado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) el pasado mes de agosto. Son, en su mayoría, puestos que llevan años e incluso lustros desocupados y que no salen a Oferta Pública de Empleo (OPE), como demanda este colectivo.

Las RPT son las bases de datos que utiliza la Administración para organizar sus recursos humanos, de acuerdo con las necesidades de los servicios. En ellas se especifican las características de los puestos de trabajo y los requisitos para su desempeño. La Junta convoca oposiciones atendiendo a las titulaciones de sus RPT.

En la administración general (donde no están incluidos los empleados de la sanidad, enseñanza y justicia) hay 40.223 puestos dedicados a funcionarios de diferentes categorías que en teoría obedecen a una necesidad real y por esta razón aparecen en las RPT. Pero sólo el 52,5% (21.138 en total) están cubiertos por funcionarios de carrera o interinos, según el informe facilitado a ABC, cuyos datos no han sido refutados por el Gobierno andaluz. De los 19.085 puestos sin ocupar, más de la mitad (10.616) carece de dotación presupuestaria.

Para hacerse una idea de la verdadera dimensión de su fuerza laboral conviene compararla con la plantilla media del conjunto de entidades públicas instrumentales, fundaciones y consorcios. La llamada «administración paralela» tiene en nómina a 23.692 empleados, según el informe de la Cuenta General de la Junta del ejercicio 2014, el último que publicó la Cámara de Cuentas.

¿A qué se debe este importante desfase? El diagnóstico varía según quien lo haga. Para el colectivo de funcionarios, es el resultado de las «desastrosas políticas de personal de la Junta» y los afectados son «los ciudadanos andaluces, como siempre, que ven dañados de manera grave los servicios públicos». El Gobierno andaluz, en cambio, cree que de haber un culpable directo de la merma de efectivos, ése es el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy que, desde que llegó al poder, ha forzado un descenso de las plantillas públicas.

El presidente del SAF en Andalucía, Carlos Sánchez, tacha de «aberración» el «altísimo porcentaje de puestos que no están siendo ocupados». «Se ve a las claras que desde hace muchos años se está desmantelando la administración, todo para seguir engordando la administración paralela, la oficina de colocación de los gobiernos de la Junta y el partido que la sustenta», señala este portavoz. «Es una vergüenza, cada vez las ofertas de empleo público son más raquíticas y no se cubren las bajas, ni de lejos», apostilla. Este portavoz no disimula su indignación: «Los funcionarios son víctimas de la incompetencia de los responsables de personal de la Junta. La carga de trabajo aumenta, pero el personal es el mismo».

Tasa de reposición

El recorte de efectivos ha crecido a rebujo de la crisis debido a las restricciones impuestas desde los Presupuestos Generales de 2011 para sustituir al personal que cause baja por jubilación. Éste es el argumento que esgrime la Consejería de Hacienda y Administración Pública para justificar este retroceso. Culpa de ello al Gobierno central, que «redujo a cero la tasa de reposición en la Administración general», señalan. «La OPE hay que aprobarla respetando los límites de reposición de efectivos establecidos» en la Ley de Presupuestos, en las que «apuramos al máximo nuestra capacidad para convocar empleo público». Puntualizan que el sector público está sometido a similares restricciones de contratación.

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