La juez Núñez reprocha al PP que busque «rédito político» con sus recursos al caso formación

La juez María Núñez Bolaños ha censurado al PP andaluz que recurra con el fin de obtener «réditos políticos» en el caso formación. Los populares, personados como acusación en la causa, recurrían la providencia de 23 de enero en la que la juez acordó desprecintar los expedientes depositados en dos despachos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Es una consecuencia del archivo de la pieza «política» de los cursos de formación, que implica a 24 exdirigentes del SAE, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados de empleo en las ocho provincias andaluzas.

El PP-A recurrió la providencia al entender que se trata de una resolución «nula de pleno derecho»al estar la juez incursa en causa de abstención, de lo cual «está advertida en innumerables escritos y recursos presentados por esta parte, a pesar de lo cual sigue haciendo caso omiso y continúa dictando resoluciones».

En su recurso, los «populares» alegaban que, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción señala que los despachos precintados y los expedientes «no han sido investigados», la juez acuerda el desprecinto y traslado de los expedientes a la Junta «en un claro ataque» al derecho a la tutela judicial efectiva «y transgrediendo el derecho a un proceso con todas las garantías» al archivar «precipitadamente» la pieza «política» de los cursos.

Y todo ello «sin practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y sin haberse dado traslado a las partes de la documentación incautada, ni haber permitido» a la Guardia Civil la investigación de la misma, sostiene el PP-A, que resalta que se trata de un sobreseimiento provisional y «no libre», lo cual «permite reabrir la investigación en el momento que aparezcan nuevos hechos o indicios que permitan continuar la investigación iniciada».

El PP-A solicitó a la magistrada que acordara la «inmediata» entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a las partes de los expedientes para su análisis y, consecuentemente, la reapertura de la causa, pero la juez lo rechaza en un auto donde asevera que «no integra, ni constituye el derecho a la tutela judicial efectiva, la facultad de investigar sin que conste indicio alguno de ilícito penal».

Al hilo, la juez asevera que «investigar o instruir no es equivalente a causa prospectiva y generalizada, como parece pretender el recurrente, en palabras del Ministerio Público, salvo que como alegan las partes en la impugnación del presente recurso lo que pretenda el PP-A sea «buscarlos, a ver si aparecen» y todo ello en un intento de mantener esta causa abierta «con el fin de obtener réditos políticos».

No es el único reproche de la Juez al PP, al que la instructora critica la terminología empleada en su recursos. Núñez admite que concurre causa de abstención pero expresa que esto y la «supuesta» recusación planteada «han sido cuestiones alegadas en numerosos recursos e incidente de nulidad planteado por el PP-A».

«Ahora en cambio, se 'advierte' a su señoría añadiendo que se ha hecho 'caso omiso», asevera la juez, que manifiesta que, «como es sabido por la parte, lejos de hacerse caso omiso, se ha actuado conforme a derecho resolviendo dichos escritos en diferentes autos en aplicación de nuestra ley procesal, igual para todos, no acogiéndose la tesis o argumentación sostenida por el PP-A».

«Da miedo que los políticos actúen como jueces»

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha afirmado este martes que los políticos «no están para hacer justicia» y ha acusado al PP de urdir una «gran farsa», con el «acompañamiento» de Podemos e IU, en la comisión de investigación de los cursos de formación.

«No puede haber responsabilidad política donde no ha habido irregularidad penal ni administrativa», ha sostenido Vázquez al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, sobre el dictamen final de la comisión de investigación.

Se ha congratulado de que el dictamen final, aprobado ayer con los votos de PSOE y Ciudadanos, exima de cualquier responsabilidad política a la presidenta, Susana Díaz, y al actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, y ha criticado que PP, Podemos e IU lo hayan rechazado pidiendo responsabilidades políticas de personas que «no han tenido ni responsabilidad penal ni administrativa».

Tras subrayar que el caso de las ayudas a los cursos de formación se ha «desplomado» en los tribunales y «no queda, prácticamente, ninguna pieza en pie», ha lamentado la «estrategia de judicialización» que el PP, en su opinión, hace de la vida política.

«Da miedo que los políticos actúen como jueces», ha manifestado Vázquez, que ha agregado que en un Estado de derecho «no parece lo más conveniente que se mezclen los papeles», lo que representa una «aberración». «Estos que, en pleno siglo XXI, quieren actuar como martillo de herejes no tienen hueco en la sociedad española», ha espetado.