La juez Núñez responsabiliza a Gaspar Zarrías del pago de sobrecomisiones en los ERE

Nuevo salto mortal en el caso ERE. La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla señala al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías como presunto responsable penal del reparto ilícito de sobrecomisiones con fondos públicos por tramitar ayudas a empresas en un auto de apertura de diligencias de una pieza separada de la causa matriz de los ERE, donde apunta la existencia de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Se da la circunstancia de que Zarrías ya está procesado por un delito continuado de prevaricación en la causa política del caso, centrada en el sistema de concesión de las subvenciones durante más de una década.

En el auto dictado el pasado miércoles, Núñez argumenta que «podrían ser personalmente responsables» otras 15 personas entre ex altos cargos, sindicalistas y empresarios, entre los que se encuentran el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; el conseguidor de ayudas y exdirigente de UGT Juan Lanzas; su cuñado Ismael Serrano; uno de sus supuestos testaferros, Juan Francisco Algarín; el abogado Carlos Leal Bonmati; intermediarios como Jesús María Bordallo, de Vitalia y José González Mata, de Uniter, así como Antonio García Santoyo, ex secretario de política local del PSOE en Baeza y el primer intruso que apareció en un ERE.

La pieza de las sobrecomisiones investiga tanto «la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta», así como «su reparto a pesar de todo ello presuntamente ilícito». «Las sobrecomisiones derivarían del hecho puesto de manifiesto en el estudio de las pólizas de renta o de capital, no sólo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas» como los pagos a Dhul, vinculada a la familia Ruiz-Mateos», afirma la juez.

Núñez advierte de que los importes de las primas pagadas por la Junta de Andalucía era «muy al parecer superiores al precio del mercado de estas» puesto que era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía».

En un atestado sobre la empresa Primayor remitido al juzgado, la Guardia Civil se refirió a un correo electrónico de un letrado del bufete sevillano Zamora, que representaba a los Ruiz-Mateos, y que fue reenviado por el abogado Carlos Leal a Juan Lanzas el 12 de diciembre de 2008 donde se expresa «lo mal que se ha gestionado el procedimiento concursal de Primayor, lo que ha dejado en una mala situación tanto a los activos de la empresa como a los propios trabajadores», destacando la expresión contenida en el correo: «a pesar de que llevaban meses con un 'caballo blanco' que podía haber dado un vuelco a la situación. 'Caballo blanco', por cierto, aportado...!!!por su súper-jefe Gaspar Zarrías¡¡¡». Sin embargo, Zarrías siempre ha negado su vinculación con el conseguidor de las ayudas.