La presidenta de la Junta de Andalucía en unas recientes declaraciones
La presidenta de la Junta de Andalucía en unas recientes declaraciones - EP

La guerra contra el Impuesto de Sucesiones empieza a dar fruto

El tributo ha dejado muchos daños colaterales. La nueva reforma no se explicaría sin la lucha de los afectados

SEVILLAActualizado:

Se lo debemos. Por responsabilidad, memoria y, sobre todo, por justicia. Si el PSOE y Ciudadanos se han avenido a convertir el impuesto de sucesiones y donaciones en una factura residual para parientes directos, se debe en gran parte a las decenas de familias atravesadas por una herencia que rompieron el espeso muro de silencio y levantaron la voz. Si la opinión pública abrió los ojos sobre la desigualdad de trato fiscal entre españoles, es porque Francisco Toledo, Juan Miguel Ramos, Juan Antonio Reina, Ana Arenas, Maribel Pies, Fabiola Lara, Alejandro, Asunción Pasadas y tantos otros nombres propios antes anónimos narraron su pesadilla cuando la mayoría optaba por penar a solas su desamparo.

Si el estado de ánimo colectivo pasó de la indolencia y la pasividad a la rabia y la indignación, hasta el punto de convencer a todo un Gobierno andaluz para reformar dos veces el tributo durante la misma legislatura, para deponer su empecinamiento y aparcar sus prejuicios ideológicos -«el impuesto de los ricos», lo llamaban- fue porque los afectados crearon el clima propicio para que las cosas empezaran a cambiar. Con sus testimonios, recogidos durante meses por ABC con un amplio despliegue, dirigieron los focos sobre los daños colaterales que ha dejado la guerra contra el agravio de vivir en la región donde las herencias salen más caras. Conviene recordarlo, para que no caiga en el olvido.

ABC echa la vista atrás para repasar los principales hitos de esta lucha sin cuartel que el pasado miércoles recogió sus primeros frutos con la firma del acuerdo de presupuestos en Andalucía que en 2018 librará de pagar a los familiares directos que reciban herencias de hasta un millón de euros.

El primer aldabonazo a la conciencia sobre las abismales diferencias entre españoles aparecía en esta misma sección el 2 de noviembre de 2015. El titular sonaba como un disparo en la cartera: «La misma herencia paga en Andalucía 100 veces más que en Madrid». La igualdad de todos los españoles ante la ley, proclamada por la Constitución Española, contrastaba con la frialdad de los datos de un informe elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales.

A falta de estadísticas oficiales, notarios y abogados consultados apuntan a un aumento de la emigración fiscal de andaluces a otras regiones para reducir la factura, mientras las renuncias de herencias se multiplican.

Los políticos no son inmunes a estos movimientos. El PP inicia una campaña de recogida de firmas para bonificar al máximo el tributo en Andalucía, que se suma a otras cinco iniciativas legislativas parlamentarias para aplicar la reducción, rechazadas por los grupos de izquierdas.

En plena campaña electoral, PSOE y Ciudadanos alcanzan un acuerdo para ampliar a 250.000 euros el mínimo exento de pagar en el impuesto. El tope estaba en 175.000 euros. La rebaja, que afecta a los herederos directos (hijos, padres, nietos cónyuges), empieza a aplicarse el 1 de enero de 2017. La primera reforma de la legislatura incluye nuevas bonificaciones para facilitar el relevo generacional en el campo.

Primera reforma

En menos de un año, el vistoso traje que envolvía esta rebaja se quedaba raquítico. Los afectados empezaban a ocupar minutos de televisión en los programas y tertulias matutinas, mientras al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (Teara) se le amontonaban las reclamaciones. Los contribuyentes impugnan las valoraciones de las herencias que realiza la Agencia Tributaria mediante la aplicación de coeficientes multiplicadores que sobrevaloran los bienes.

Con los primeros compases de 2017, Francisco Toledo, un médico gaditano emprende una cruzada judicial contra el impuesto de sucesiones con la pretensión de que el Tribunal Constitucional (TC) acabe con el «trato discriminatorio» que genera el tributo.

A las pocas semanas nace Stop Impuesto Sucesiones, verdadero catalizador del malestar social contra «este injusto, desproporcionado y discriminatorio impuesto que tanto daño esta causando a las familias andaluzas».

El goteo de casos crece imparable mientras las protestas prenden en varias ciudades andaluzas. Para acallar el clamor de la calle, la Junta lanza un simulador para demostrar que «sólo el 7% de los herederos andaluces pagan» y compromete casi 60.000 euros de dinero público en contratar propaganda para justificar su gestión del impuesto de sucesiones y donaciones. En paralelo, para contrarrestar la idea que ha cristalizado en la opinión pública de que el tributo penaliza a las clases medias, el PSOE organiza charlas en las casas del pueblo para «vender» el tributo entre sus militantes.

Charlas a militantes

Pero la propaganda no cala. A los nervios a flor de piel en el PSOE se unen la presión del PP para bonificarlo y la incomodidad de Ciudadanos, que termina lanzando un órdago a Susana Díaz: o exime de pagar a parientes directos por herencias de hasta un millón de euros o puede ir buscándose otro aliado para aprobar los presupuestos autonómicos para 2018. El Gobierno andaluz transige a cambio de preservar su estabilidad institucional hasta casi el final de legislatura. Pero desde Stop Impuesto Sucesiones avisan de que su guerra tocará a su fin cuando el impuesto desaparezca.

«La reforma del impuesto pretende cerrar en falso la polémica, dando de lado a los miles de afectados que, o bien renunciaron a su legítima herencia, o bien se encuentran inmersos en procesos confiscatorios, perdiendo no solo lo heredado si no sus propios bienes», advierte el presidente del colectivo, Juan Carlos Valverde. «No vamos a dejar que esta reforma entierre en vida a estas familias». Todavía quedan muchas deudas por saldar.