Este informe desactiva en parte la línea de investigación abierta por la juez María Núñez Bolaños
Este informe desactiva en parte la línea de investigación abierta por la juez María Núñez Bolaños - EFE
CASO ERE DE ANDALUCÍA

El Gobierno se desliga del negocio de las aseguradoras de los ERE

Afirma en un informe que la Junta eligió a las compañías y desactiva las pesquisas de Núñez sobre la Faja Pirítica

SEVILLAActualizado:

El Ministerio de Empleo pagó ayudas para prejubilaciones de trabajadores afectados por un ERE en la Faja Pirítica de Huelva, pero señala que era la Junta de Andalucía la que elegía a las aseguradoras que se contrataban para las pólizas. Así lo asegura el director general de Empleo del citado Ministerio, Javier Thibault, en un informe dirigido a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que está juzgando a 22 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la creación y mantenimiento de un fondo que repartió «de forma arbitraria» 855 millones de euros entre empresas inmersas en procesos de despido entre 2000 y 2010. Este informe desactiva en parte la línea de investigación abierta por la juez María Núñez Bolaños, que instruye una pieza separada del caso ERE centrada en las ayudas de la Faja Pirítica.

Informe detallado

La Audiencia le había solicitado al Ministerio un informe detallado sobre las compañías de seguros a las que se les había efectuado el pago de las ayudas de prejubilación en el citado ERE, así como el desglose de los importes de cada póliza contratada, incluyendo los gastos de adquisición, comisiones, gastos de intermediación y cualquier contraprestación económica abonada a estas compañías que hicieron negocio al calor de los ERE.

«La determinación de cuáles debían ser las compañías de seguros con las que se contratarían las correspondientes pólizas fue realizada por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía [Francisco Javier Guerrero] y los representantes de los sindicatos CC.OO. y UGT», aclara Thibault. El informe que firma este responsable estatal, al que ha tenido acceso ABC, pone de manifiesto que la Dirección General de Trabajo del Ministerio tampoco decidía sobre las comisiones que se abonaron a las aseguradoras por la gestión de las pólizas. Su papel «se limitó a reconocer a los trabajadores mayores de 55 años de edad bonificada por la aplicación de coeficientes reductores en cada una de las empresas» incluidas en el ERE, «sin que conste el pago de ninguna cantidad por parte de este Ministerio a las entidades aseguradoras por otro concepto diferente». El de la Faja Pirítica de Huelva fue el expediente más caro de cuantos se financiaron con cargo al fondo de los ERE. De los 172 millones que costó, 138 los puso la Junta y los 34 restantes, el Estado.

«En la documentación obrante no se deduce cuál fue el procedimiento para el abono de dichos gastos».

En el escrito incorporado a la causa que juzga la Audiencia, el director general de Empleo detalla que «en las condiciones particulares de las pólizas se estableció además que los gastos de gestión se calcularán en el 0,25% sobre el importe de cada uno de los términos de renta a abonar». Sin embargo, «en la documentación obrante en este Ministerio no se deduce cuál fue el procedimiento para el abono de dichos gastos». Las compañías aseguradoras seleccionadas por la Junta y los sindicatos fueron Vitalicio (para las pólizas de los trabajadores de Riotinto) y La Estrella. Ésta fue contratada para pagar rentas de los empleados de las empresas Almagrera, Filón Sur, Nueva Tharsis y Navan Resources.

Con anterioridad, la compañía de seguros Generali había remitido a la juez Núñez otro informe en el que afirmaba que había suscrito 538 pólizas con más de un 5% de comisión de las que 157 fueron financiadas por administraciones públicas distintas a la Junta de Andalucía.

La magistrada ha pedido nuevos informes al Ministerio. Trata de averiguar si las ayudas estatales se concedieron siguiendo el modus operandi de los ERE en la Junta, donde se repartieron fondos públicos sin solicitud de las empresas ni expediente, al margen de todo tipo de control o procedimiento reglado. Javier Thibault reconoció en otro informe que el Estado había pagado ayudas sociolaborales por concesión directa y sin concurso público.