SOCIEDAD

El Gobierno debe 12 millones al SAS por la asistencia a los presos

Instituciones Penitenciacias sólo ha abonado a la Junta unos 400.000 euros

Agentes de la Guardia Civil ante el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra
Agentes de la Guardia Civil ante el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra - ABC
JAVIER LÓPEZ Jaén - Actualizado: Guardado en:

De la interrelación de dos de las tres cosas que hay en la vida, la salud y el dinero, surge la deuda hospitalaria. Instituciones Penitenciarias adeuda más de 12 millones de euros a la Junta por el impago de la atención sanitaria recibida por los reclusos en las cárceles andaluzas. La supresión del convenio entre las dos administraciones ha motivado que no se pague la prestación desde hace casi 3 años.

El derecho a la protección de la salud de la población reclusa se ha desarrollado en Andalucía mediante convenios desde 1995 a 2013. En 2014 el Ministerio de Interior interrumpió el acuerdo unilateralmente. A pesar de la negativa para renovar el convenio, la dirección del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ordenó a los hospitales públicos de la región y a otras estructuras sanitarias públicas que mantuvieran la prestación de esta asistencia sanitaria en los mismos términos que antes de la eliminación del acuerdo.

El cálculo de la asistencia médica que se presta a las personas reclusas lo realiza el SAS mediante la aplicación de la orden de precios públicos. En cuanto al abono, al no haber convenio vigente la administración autonómica ha tramitado facturas por la actividad realizada que han sido rechazadas mayoritariamente por Instituciones Penitenciarias. Así, del total facturado de 7.832.040,80 euros en concepto de asistencia sanitaria desde 1 de enero de 2014 hasta la fecha, solo se han abonado 401.625,24 euros.

Desplazamientos

Respecto a la asistencia sanitaria en las cárceles, el desplazamiento de facultativos especialistas a centros penitenciarios de Andalucía es de carácter voluntario. Los médicos del sistema sanitario público que se desplazan pertenecen fundamentalmente a las especialidades cuya prevalencia y demanda son mayores. En concreto, medicina interna, enfermedades infecciosas y salud mental. Actualmente 27 facultativos especialistas se desplazan a los centros penitenciarios, con periodicidad que oscilan entre 1 y 2 visitas al mes.

Una parte considerable de la asistencia médica está relacionada con dos enfermedades, sida y hepatitis C, por su elevada prevalencia en las cárceles. De hecho, el año en el que Instituciones Penitenciarias da por concluido el acuerdo, en las cárceles andaluzas estaban internados 508 presos seropositivos y 1.569 afectados por hepatitis C, según el Ministerio de Interior.

A los segundos el SAS les suministra antivirales de acción directa. El criterio que sigue para su dispensación es la prescripción médica. Este criterio es de aplicación a todos los pacientes con diagnóstico confirmado de infección por el virus de la hepatitis C, por lo que, según resalta, no se hace ningún tipo de discriminación relacionada con la reclusión del paciente en un centro penitenciario.

Las terapias responden a los criterios generales del protocolo estatal incluido en el plan estratégico para abordar la hepatitis C en el sistema nacional de salud. En el mismo se definen los medicamentos a administrar, la dosis y el período de tiempo para el tratamiento.

La inversión realizada por la Junta de Andalucía para prestar atención sanitaria a los reclusos enfermos de hepatitis y de otras patologías ha motivado que plantee una batalla jurídica para que la administración central asuma la financiación de las actuaciones diagnósticas y de tratamiento. En este sentido, el SAS, que ha litigado por la vía contencioso administrativo, está pendiente de que el tribunal dicte sentencia tras formular sus conclusiones el pasado 15 de junio.

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