El Gobierno andaluz tiene un consejo asesor de «embajadores» en el mundo

Para la presidenta de la Junta de Andalucía son «perfectos embajadores» de Andalucía en el mundo. Con estas palabras, Susana Díaz dio la bienvenida a los representantes de las asociaciones de emigrantes en el exterior que forman parte del denominado Consejo de Comunidades Andaluzas durante el acto constitutivo de este órgano el 19 de noviembre de 2013.

El consejo se renueva cada legislatura -ya va por el noveno mandato- mediante un proceso electoral que está regulado por el Ejecutivo autonómico. Aparte de la sesión plenaria que se reúne una vez al año y que preside la mandataria andaluza, poco ha trascendido sobre las funciones y el trabajo de este órgano de deliberación y de participación, encargado de asesorar al Gobierno andaluz sobre cuestiones relacionadas con la población de emigrantes andaluces en España y en el extranjero.

¿Qué trabajo realiza? El decreto de 2008 que aprueba su funcionamiento le atribuye hasta once funciones que abarcan desde la elaboración de «informes sobre el estado, situación y evolución de las relaciones entre las comunidades andaluzas y Andalucía» hasta el fomento de las relaciones de esta asociaciones con las instituciones autonómicas, la solicitud de iniciativas al Consejo de Gobierno en favor de la población andaluza en el mundo o la realización de aportaciones «con el objetivo de fomentar la contribución al bienestar del pueblo andaluz y la participación en el disfrute de los valores culturales de Andalucía», según reza la citada orden.

El germen del consejo está en el llamado Estatuto de los Andaluces en el mundo que se remonta al año 2006, bajo la presidencia de Manuel Chaves. Por primera vez esta ley institucionalizó las relaciones de la Junta con los residentes en el extranjero y en otras partes de España mediante la creación de un consejo. Los diez vocales procedentes de comunidades andaluzas establecidas fuera de la región que se sientan en el consejo hacen las veces de representantes institucionales de la Comunidad en el exterior.

La Junta de Andalucía costea sus gastos de transporte y alojamiento cada vez que se reúne tanto la Comisión Permanente como el Pleno, al menos dos veces al año. El reglamento aprobado en 2008 les reconoce «el derecho a indemnización por el concepto de asistencia, dietas y gastos de desplazamiento» a todos los miembros del Consejo de Comunidades Andaluzas ajenos a la Administración.

Los presupuestos de la Junta para 2017 reservan una partida de 18.270 euros para cubrir estos gastos. Su asignación en 2016 era de 10.8883 euros. En la Comisión Permanente, además de los colectivos de emigrantes, hay seis representantes de distintas consejerías, tres de institutos autonómicos, un vocal de los sindicatos, uno de la patronal de empresarios, un miembro designado por el Parlamento andaluz y otro de la Federación de Municipios y Provincias. En la pasada legislatura, amén de los citados órganos, se pusieron en marcha tres comisiones de trabajo sobre Normativa, Servicios Asociados a la Tarjeta de Andaluz en el Exterior y Ayudas Públicas.

Carlos Santos Valle, residente en La Plata (Argentina) e hijo de una oriunda de Algodonales (Cádiz) que emigró al país andino en 1949, es el miembro más veterano. Vocal por Argentina en el consejo desde 2008 y con anterioridad fue vocal electo «por la Circunscripción América y otros lugares del mundo», explica que se dedican a «elaborar informes de acuerdo a la coyuntura y se discute sobre lo que el Ejecutivo andaluz pone sobre la mesa con buen tino y mucha onda». Santos, que aclara que no percibe ningún sueldo por este cometido, es titular del Aula de Relaciones Institucionales «Alfonso Perales Pizarro», en homenaje al exdiputado socialista «que hizo mucho por los andaluces en Argentina en la crisis del corralito bancario. «Nuestra función es llevar a Andalucía por todos lados, trabajamos desde la nostalgia; aunque con mimo nos dicen que somos embajadores, no somos diplomáticos», matiza.

La propia presidenta destacó en uno de estos encuentros con emigrantes el importante peso de este colectivo. Más de dos millones de andaluces, la mayoría de ellos de segunda y tercera generación y con derecho a voto, viven fuera. «Una cifra similar o superior a la población de la mayoría de comunidades autónomas», subrayó Díaz. Según la memoria estadística del Servicio de Relaciones, en 2015 había censadas 302 asociaciones de este tipo en España y 65 en 19 países, la mayoría (23 en total) en Argentina. Aglutinan a unos 90.000 socios.

En 2014, estos colectivos recibieron 664.410 euros en subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a distinto tipo de actividades. Para 2017, la Consejería de Presidencia y Administración local destina una partida de 328.500 euros, con posibilidad de ampliación, para repartir entre estos colectivos. Se suma a la remesa de ayudas por importe de 354.252 euros convocadas en julio de 2016. Hay cuatro líneas de apoyo: actividades de carácter divulgativo, folclórico y de memoria histórica, actos culturales, y gastos de mantenimiento de las sedes sociales (luz, agua, electricidad, teléfono, tributos o alquileres). También se sufragan los gastos corrientes y nóminas del personal «necesarios para la realización del proyecto» subvencionado, con la condición de que no pueden superar el 25% del presupuesto.