El Gobierno andaluz sólo ha cumplido la mitad de los compromisos que hizo en 2014

La trascendencia social no será mucha de manera inmediata pero sí lo es la política y la mediática. El Parlamento de Andalucía celebra este miércoles y jueves el Debate sobre el Estado de la Comunidad, una sesión en la que el Gobierno andaluz rinde cuentas de su gestión y se somete al escrutinio de los grupos parlamentarios. Además de los discursos de los líderes políticos andaluces, la presidenta hará una serie de compromisos públicos y se aprobarán 35 resoluciones por la mayoría de la Cámara (está por ver si la oposición se une para doblar el pulso al PSOE) que serán de obligado cumplimiento para el Ejecutivo andaluz.

O quizás no. Porque el Gobierno que preside Susana Díaz sólo ha llevado a cabo la mitad de lo que prometió hace dos años, en septiembre de 2014, cuando se celebró el último Debate sobre el Estado de la Comunidad.

En aquella ocasión, Susana Díaz hizo 25 promesas, algunas de ellas con fecha fija de entrada en vigor, pero sólo ha sido capaz de ejecutar doce, aunque hay que destacar que otras cinco están en trámite de cumplimiento.

Este balance es más bien generoso ya que si bien es cierto que se ha cumplido alguno de sus compromisos —devolver la paga extra a los funcionarios, el fraccionamiento del pago de las tasas universitarias o establecer un calendario de pagos a las empresas del tercer sector— no es menos cierto que algunas de sus medidas estrella no están terminadas de implementar. Como ocurre, por ejemplo, con el Hospital de La Línea de la Concepción en Cádiz, cuyas obras por fin han terminado este pasado mes de agosto pero que todavía no está en funcionamiento. O lo que sucede con el Consejo de la Transparencia que sí se ha puesto en marcha, nombrando a un director y a varios funcionarios, pero está todavía a medio gas y sin contar con la comisión consultiva del Parlamento que debería controlarlo.

Desde el año 2014 hasta ahora, las circunstancias políticas han cambiado considerablemente. En aquel momento, Susana Díaz acababa de llegar a la Presidencia de la Junta tras la renuncia de Griñán y había sólo tres grupos parlamentarios con un pacto de Gobierno entre el PSOE e IU. Sólo el PP era la oposición.

Ahora, la presidenta andaluza se enfrenta a una situación completamente distinta y su posición política está mucho más en entredicho. La situación nacional es muy delicada y el papel de Susana Díaz en la dimisión de Pedro Sánchez y la investidura de Mariano Rajoy juegan en su contra en este envite político. Si hay algo en lo que están de acuerdo todos los grupos de la oposición —incluyendo a Ciudadanos a pesar de su pacto de investidura con el PSOE— es en destacar la parálisis de gestión de la Junta, el perfil bajo del Gobierno andaluz que no gestiona al nivel que necesitan los andaluces porque tiene todas sus energías puestas en otras batallas.

La situación económica tampoco es precisamente boyante. Las arcas de la Junta están pasando por apuros económicos y el Presupuesto no va a poder contar con planes estrella ni medidas de calado, aunque se espera que la presidenta anuncie hoy mismo algún proyecto relevante que la muestre como centrada en los problemas de Andalucía.

Hay otro factor clave que preocupa, y mucho, en las filas del PSOE. Si todos los grupos de la oposición se ponen de acuerdo, pueden obligar al Gobierno andaluz a llevar a cabo cualquier proyecto o resolución que se apruebe, aunque vaya en contra de sus convicciones o intereses. Es lo que tiene gobernar en minoría como le ocurre a Susana Díaz. Ayer, todos los grupos estaban dispuestos a negociar aunque todavía no se había materializado ningún asunto concreto. Pero los recortes sanitarios y el descontento cada vez mayor del sector y los usuarios ha abierto un frente que hoy mismo podría explotar en las dependencias de Las Cinco Llagas.