FRAUDE DE FORMACIÓN
Una fundación de la Junta de Andalucía trucaba concursos con dinero de los cursos de formación
Un empresario denuncia ante la juez Núñez que directivos de Faffe les prometía la adjudicación antes de licitar el proyecto
Dos socios de la Proyempleo, beneficiaria de contratos de la extinta fundación Faffe para proyectos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía , han admitido este viernes que les garantizaban la adjudicación de los mismos antes de convocar concursos a los que invitaban a otras empresas que ellos mismos les indicaban.
La jueza María Núñez investiga a 23 personas por un presunto fraude en los contratos para formación de Faffe a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en los contratos de esta entidad de 2008, 2009 y 2010 por un importe total de 9,4 millones.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la extinta Faffe realizó contratos «indiciariamente irregulares» por importe de 9.465.332 euros , según se desprende de un nuevo atestado remitido al Juzgado por la UCO el pasado mes de junio.
Según la Fiscalía, estos contratos -subvencionados con fondos públicos- fueron adjudicados sin publicidad ni concurrencia, fraccionando los contratos para eludir controles y con «influencia» de las empresas adjudicatarias en los mismos.
Hoy han declarado tres personas vinculadas a empresas adjudicatarias de esos contratos y dos responsables de la extinta fundación Faffe, el que fue su director Fernando Villén y la exdirectora de garantías Carmen Lozano .
El director de proyectos de Proyempleo, Juan Luis Álvarez Balboa, ha admitido que desde Faffe les pedían asistencia para montar proyectos de formación y le aseguraban la adjudicación de estos a su empresa, al tiempo que le pedían nombres de otras sociedades a las que invitar en un proceso negociado sin publicidad que se celebraba con las empresas indicadas por él, según informaron a Efe fuentes del caso.
Álvarez Balboa ha declarado que trataba con diversas personas en Faffe sobre estos procesos, una de ellas la directora de garantías de la fundación Carmen Lozano , que en su comparecencia sin embargo ha negado cualquier intervención en las contrataciones.
El fiscal, Fernando Soto, le ha exhibido correos intercambiados con el directivo de Proyempleo en los que éste le indicaba el nombre de tres empresas a las que invitar a la contratación para darle presuntamente apariencia de legalidad, y aunque ha reconociddo haber recibido alguna vez estos mensajes, ha insistido en que no intervenía en las convocatorias.
Ha señalado que se limitaba a revisar que se reunían los requisitos de las contrataciones por procedimiento negociado sin publicidad como es que se invitara a participar al menos a tres empresas, sin visar la procedencia de las sociedades invitadas.
Por su parte, el dueño de Proyempleo Jesús Manzorro ha reconocido que pedía al director de Faffe, Fernando Villén, que le diera «expectativas y garantías» de que le iban a adjudicar los contratos porque «tenía que realizar inversiones».
Villén ha declarado que la adjudicación de esos contratos se sometían a la legalidad vigente y sobre las relaciones de Faffe con Proyempleo ha alegado que en algunos proyectos ofrecían sus servicios y era invitada a participar en los concursos y se le adjudicaban.
El directo de Faffe ha asegurado que él no intervenía ni en qué empresas se invitaba ni en la adjudicación, que se limitaba a afirmar, y ha declarado que en su labor al frente de la fundación recibía directrices del patronato de la misma , del que formaban parte altos cargos de la Consejería de Empleo.
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