Los funcionarios temen que la Junta cuele a los 30.000 trabajadores externos que tiene en el limbo legal

La puesta en práctica de la Ley de Reordenación de la Administración andaluza, conocida también como «ley del en chufismo», que data de 2011, permitió que alrededor de 30.000 trabajadores de la Junta, pertenecientes a diferentes empresas y fundaciones, entraran a forma parte de una nueva estructura formada por agencias. Los empleados de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), se integraron en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua: los de la Fundación Faffe en la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y así sucesivamente. Son gran parte de los trabajadores de la denominada administración paralela, que teóricamente ni disponían ni disponen de potestades públicas para realizar tareas propias de los funcionarios, por lo que muchos de ellos se encuentran en una especie de laberinto legal, sin ocupación determinada.

Ahora, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), según sus responsables y su servicio jurídico con los que ha hablado ABC, teme que la Junta, que anteriormente sorteaba las normas con encomiendas de gestión al personal externo, (recurridas pero sin consecuencias prácticas), utilice la tramitación de la modificación de una ley en el Parlamento para sentar las bases de unas futuras oposiciones a la carta, el concurso-oposición, que beneficie de forma preferente a este colectivo de empleados y convertirlos oficial y legalmente en funcionarios.

El SAF dispone de motivos fundados para sostener que la Junta tiene trazado un plan para que el personal procedente de la administración paralela sustituya progresivamente a la plantilla de funcionarios en las consejerías con todas las atribuciones.

Fuentes de esta organización sindical recuerdan los sucesivos intentos de la Junta por incluir como valor en los concursos de traslado y de promoción interna de los funcionarios el tiempo que hayan permanecido como interinos. En una primera instancia las bases de los exámenes (rebaremación) fueron tumbadas por los tribunales de justicia a raíz de los recursos del SAF. Con posterioridad, el pasado verano el Gobierno andaluz elaboró un decreto que tuvo la virtud de convertirse en el primero que no convalida el Parlamento. Y más recientemente no es la Junta, sino el Grupo Parlamentario Socialista, el que ha presentado una proposición de ley que viene a ser casi un calco exacto del mencionado decreto.

Se trata de la proposición por la que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. El texto se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria, y es a través de las enmiendas de los diferentes grupos políticos cuando se puede producir el cambio que teme el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Según el SAF, tanto el PSOE como IU estarían a favor de la modificación por las «presiones» de los sindicatos UGT y CC.OO., firmes defensores de la «ley del enchufismo».

«La modificación de la ley permitiría crear el marco para que las convocatorias de oferta de empleo público vuelvan a tener como sistema preferente el concurso oposición», afirma un portavoz del SAF. Y en ese concurso oposición, añade, «si se permite que la valoración de la antigüedad sea en cualquier condición previa a la de funcionario –laboral, interino o contratado administrativo–, automáticamente todo ese personal que ha prestado servicio en el sector público se lo llevará de calle porque tendrá más puntos».

Se confirme o no este temor, la Junta de Andalucía sigue dando pasos para buscar el encaje del personal externo en las nuevas Agencias, proceso en el que nuevamente vuelve a encontrarse con el rechazo del Sindicato Andaluz de Funcionarios.

Así ha ocurrido con la integración de los trabajadores de la antigua Faffe en el SAE en diferentes provincias. La organización sindical está utilizando en principio la vía administrativa y una vez agotada ésta prevé recurrir a los tribunales.

Las objeciones del SAF son dos. Por un lado, denuncia que el Servicio Andaluz de Empleo, a nivel provincial, elabore una relación de puestos de trabajo con unas condiciones que debe establecer el Consejo de Gobierno de la Junta y la presidencia del SAE. Y por otra parte, se impugnan las atribuciones que se le dan a ese personal, usurpando supuestamente el trabajo de los funcionarios.

La conclusión que «han metido a 30.000 personas en la Administración y ahora tienen que darles trabajo y para ello excluyen a una plantilla de funcionarios que se ha ido mermando. Y es que se se pretende suplantar por estos nuevos empleados. La tesitura en la que se encuentra la Junta es que o les dan los trabajos que tienen que realizar los funcionarios o los tienen cruzados de brazos y cobrando».