Letrados de las defensas, el miércoles en el juicio del caso ERE
Letrados de las defensas, el miércoles en el juicio del caso ERE - EFE
TESTIMONIOS

Una funcionaria, «presionada», tuvo que dejar Empleo por hacer lo correcto en las ayudas del caso ERE Andalucía

Una técnico asegura que Rivera amenazó con echarla por negarse a tramitar un nuevo procedimiento cuestionado por el interventor

SEVILLAActualizado:

Lafuncionaria Silvia Patricia Cortés ha declarado este miércoles que el director de Trabajo en 2010, Daniel Rivera, -exculpado de la pieza política del caso ERE- rechazó solicitar un informe al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía sobre el cambio de sistema para pagar las ayudas investigadas ante los reparos del interventor. Esta funcionaria relató en el juicio del caso ERE que acabó dejando la Dirección General de Trabajo al negarse a hacer lo correcto en la tramitación de estos fondos.

Bajo el mandato de Rivera, la Consejería de Empleo modificó el sistema de pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis a través de la agencia pública IDEA, al dejar de utilizar transferencias de financiación como herramienta para enviar los fondos a IDEA con los que pagarlas y aprobar una encomienda de gestión para seguir encargado al ente público su abono.

La Intervención de la Junta advirtió en varios informes del «uso inadecuado» de transferencias de financiación para que IDEA pagara las ayudas pero ante la orden para cambiar el sistema por una encomienda de gestión, también comunicó a Cortés que "iba a hacer reparos porque no era el procedimiento correcto" -para las acusaciones de este juicio el cambio no resolvió las presuntas irregularidades en la concesión y pago de las ayudas-.

Ella se lo dijo al entonces director de Trabajo Daniel Rivera y le pidió que solicitara un informe al Gabinete Jurídico de la Junta porque «existía un conflicto sobre cuál era el procedimiento correcto» pero él le contestó que «para qué si ya tenían un informe de un despacho externo».

Ha asegurado que se sintió «presionada» por Rivera para tramitar la orden de encomienda de gestión y ante su negativa le llegó a decir que «estaba pensando en prescindir de mí» y ella respondió que no sería necesario porque renunciaba a su puesto ya que «no iba a hacer algo que ya me estaban diciendo que no era correcto».

Silvia Patricia Cortés ha declarado como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles al pagarlas a través de un ente público (IFA/IDEA), según la Fiscalía.

La funcionaria ha respondido a muchas de las preguntas del fiscal con la expresión «no lo recuerdo», ante lo que el juez ha llegado a cuestionarle si consideraba «oportuno» continuar con el interrogatorio, si bien el responsable del Ministerio Público ha insistido en seguir (las defensas le han hecho pocas preguntas).

Los expedientes «nunca llegaron»

Posteriormente ha comenzado a testificar la abogada Palma Muñoz, que entró como letrada de la asesoría jurídica de IFA (luego IDEA) en 2003 y coordinó dicha asesoría entre 2006 y 2011.

Ha explicado que en 2003, el entonces jefe de la asesoría jurídica Francisco José Oyonarte -que declaró esta mañana- ante la llegada de convenios particulares para que el ente público pagara ayudas concretas concedidas por Empleo en virtud del acuerdo marco de 2001 que inició el procedimiento específico, le pidió que los analizara porque «podían tener algunos problemas legales», sobre todo respecto a la normativa europea sobre ayudas a empresas.

Ella hizo algunas notas al respecto pero ha señalado que no podía hacer un informe jurídico completo porque no tenía acceso a los expedientes de concesión de las ayudas y Oyonarte le dijo que se pidieron a la Consejería de Empleo pero «nunca llegaron» (así lo indicó también el propio Oyonarte durante su declaración).

Según Muñoz, en IFA/IDEA «nunca entramos en el procedimiento de concesión» de las ayudas «ni conocíamos la fiscalización» que tenían, si bien ha asegurado que «siempre entendimos que en la Consejería de Empleo había todo un procedimiento de concesión de esas ayudas con arreglo a la normativa vigente».

También ha expuesto que desde el ente público se ofreció «asistencia técnica» a la consejería para analizar jurídicamente los convenios de las ayudas pero «no se mostró interés».

Para el ente público, la única referencia era el convenio marco de 2001 por el que la Consejería de Empleo encomendaba al IFA el pago de esas ayudas mediante fondos que Empleo le enviaba, ya que en los convenios particulares de ayudas concretas «no se establecía el régimen jurídico» al amparo del que se concedían.