Una familia de Granada, obligada a tributar a precio de oro por heredar una casa declarada en ruina

La herencia que ha recibido una familia de Granada es una ruina. No es una metáfora. Lo es en sentido literal. Entre los bienes que ha dejado la madre al morir a sus tres hijos, se encuentra una casa en el casco antiguo de la capital granadina sobre la que pesa un expediente de declaración de ruina emitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Los descendientes de la difunta abonaron 30.000 euros cada uno a la Junta de Andalucía en concepto de Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El «peaje» por heredar este inmueble que a duras penas se mantiene en pie alcanzó los 175.000 euros incluyendo el impuesto de plusvalías mortis-causa que se paga al Ayuntamiento. Pagaron a regañadientes, plenamente convencidos de que la factura era injusta.

La Administración autonómica les ha obligado a tributar a precio de oro por la casa a sabiendas de que estaba en ruina. No vale ni la tercera parte del dinero en que ha sido cuantificada tras aplicar al valor catastral unos coeficientes multiplicadores que varían según el municipio. El destrozado inmueble se tasó en 420.000 euros para fijar la cuota del impuesto sucesorio. La disparidad entre el valor del mercado y el que ha establecido la Junta es enorme, indica la abogada de la familia, Carmen Julia García Mesa.

La madre falleció presa de un alzhéimer galopante que la mantuvo postrada en una cama durante siete años. Una cuidora la peinaba, la ayudaba a lavarse, le daba de comer y la tranquilizaba cuando no recordaba donde estaba. Pero la Junta no permitió a sus descendientes deducirse de la factura fiscal los gastos de los cuidados diarios y del fisioterapeuta, aunque la norma prevé esta posibilidad. Pretextó que no había muerto de alzhéimer, a pesar se que esta enfermedad neurodegenerativa le provocó que se ahogara al no poder tragar la comida, según relata Fernando Soler, compañero de Carmen García en el bufete. Sus clientes prefieren preservar el anonimato.

Tras liquidar el impuesto, los hijos recurrieron ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía porque la valoración del inmueble está por las nubes. «La pusieron hace más de dos años a la venta por 150.000 euros y aun así no consiguen venderla», relata la letrada al periodista. «En condiciones normales, esta casa, procedente de una antigua herencia que a su vez recibió la difunta de sus padres, habría estado exenta de tributar», añade. Pero de momento no encuentran comprador. Nadie quiere una casa que amenaza con desmoronarse. Ya les gustaría que alguien les diera por ella siquiera la mitad del valor que le ha puesto la Junta.