El exinterventor de la Junta reitera que el Gobierno conocía el «uso inadecuado» del pago de los ERE

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que ha declarado este miércoles por tercera vez en relación con el caso de los ERE, en el que está imputado, ha reiterado que el Consejo de Gobierno andaluz conocía el «uso inadecuado», aunque no ilegal, de las transferencias de financiación para pagar los ERE.

Gómez, que ha declarado durante una hora a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado que desde la Intervención General de la Junta de Andalucía también se avisó de ese uso inadecuado a las consejerías de Hacienda y Empleo, han informado a Efe fuentes judiciales.

Al Consejo de Gobierno le informó, según Gómez, a través de las memorias de control financiero permanente de los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Un «uso inadecuado» durante 14 años

Al final del interrogatorio, la juez María Núñez Bolaños le ha preguntado al exinterventor si el régimen jurídico de las transferencias de financiación era algo «lábil» o resbaladizo, a lo que el imputado ha contestado que «es fácil que se pueda llegar a conclusiones diversas».

Gómez ha insistido en el «uso inadecuado» de las transferencias de financiación entre los años 2000 y 2014, cuando se cambió a través de un decreto la norma que los regula, y ha precisado que «ir más allá es arriesgado».

Durante su intervención, el exinterventor, que ha declarado en el Tribunal Supremo a petición propia y antes lo hizo ante la anterior juez del caso, Mercedes Alaya, ha afirmado que a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez también le informaron del uso inadecuado de las transferencias de financiación.

A Álvarez, imputada en la causa, le informó a través de las memorias anuales de cumplimiento de los años 2001 y 2002, según el exinterventor, que calificó como «mecanismo desafortunado» el que se empleaba para los ERE y así lo puso de manifiesto en decenas de informes.

El exinterventor ha contestado a la Fiscalía que no podía fiscalizar los expedientes de Empleo porque era «algo imposible por falta de objeto» ya que no había expediente de gastos ni orden de pago.

El papel de la agencia Idea

Tras afirmar que los informes de 2005 y anteriores de modificaciones presupuestarias han «desaparecido» o han sido «destruidos», Gómez ha subrayado que desde 2008 la Intervención asesoró a empresas públicas andaluzas, entre ellas Idea, que era la encargada de pagar los ERE.

En esos informes trimestrales a Idea se avisaba de que los pagos estaban suponiendo un «déficit presupuestario que no se podía mantener», ha apuntado el ex interventor antes de afirmar que también remitió un informe anual a la ex viceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, con la que se reunió en varias ocasiones.

Antes del exinterventor ha declarado ante la juez como testigo-perito la ex letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía Margarita Regli Crivell, cuyo testimonio fue solicitado por uno de los abogados defensores, Juan Carlos Alférez.

La declaración de esta testigo, que justificó en un informe de 2002 que las transferencias de financiación se podían usar para pagar los ERE, ha sido clave para desmontar el delito de prevaricación en la causa, ha añadido a Efe un abogado de la causa.