FORMACIÓN
Así enchufaron desde la Junta de Andalucía en cursos subvencionados: «Procura que meta la cabeza»
La Policía constata «el buen ambiente» entre el Servicio Andaluz de Empleo y empresas del exconsejero Ángel Ojeda con cursos subvencionados
En un nuevo informe remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Policía concluye que empresas vinculadas al grupo Prescal, propiedad del exconsejero andaluz Ángel Ojeda Avilés , presentaron «presupuestos a medida» de proveedores y facturas de docentes con el propósito de «engañar» a la Junta de Andalucía a la hora de justificar subvenciones.
Tal era el «buen ambiente» que marcaba las relaciones con las empresas ligadas a Prescal que «algunos de los técnicos de Servicio Andaluz de Empleo (SAE)» aprovecharon «para, entre otras cosas, colocar a amigos», advierte la Policía. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) refiere en su informeque desde un correo corporativo de la Junta de Andalucía se contactó con L.M., una empleada de Prescal encargada de la justificación de distintos cursos, para emplear como profesor a un conocido.
«Loli, soy chiqui y tengo muchísimo interés en este docente, tenéis un curso en Vélez 29-114, procura por favor que meta la cabeza . Es un fuera de serie», reza el mensaje del email recogido en el atestado de 60 páginas al que ha accedido ABC.
La Policía asegura que empleadas de Ojeda usaron documentos para «engañar» a la Junta, pero el empresario negó las irregularidades
Tras analizar discos duros intervenidos durante el registro de las sedes de las empresas Prescal y la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe) en La Rinconada (Sevilla), la Policía enumera una serie de deficiencias que imputa a dos empleadas de Ojeda.
La Policía y el juzgado que dirige María Núñez Bolaños siguen el rastro de los 33,3 millones de euros en subvenciones excepcionales que el Gobierno andaluz concedió al grupo Prescal para formar y contratar a trabajadores despedidos por la multinacional Delphi, cerrada en 2007 en Puerto Real (Cádiz).
Partes de asistencia
El informe policial enumera un cúmulo de «irregularidades» que abarcan desde la «obtención de presupuestos a medida» de los proveedores de Ojeda para «cuadrar» los gastos de las actividades formativas a la supuesta falsificación de los partes de asistencia de los alumnos o «la existencia de una facturación circulante entre las diversas entidades afines al grupo Prescal, que «pudiera haber sido utilizada para llevar a cabo la justificación económica de los cursos de manera ficticia o inflando los costes reales de la realización de los mismos».
Estos documentos «no servían más que para engañar a la Administración pública, a la Junta de Andalucía, para conseguir cobrar el cien por cien de las subvenciones, buscando con ello el beneficio superior de la organización liderada por Ángel Ojeda Avilés».
En otro correo electrónico una de las trabajadoras de su grupo empresarial, compuesto por hasta 14 entidades, le solicita a un proveedor que « le facture más de lo que debe ». R. M. se dirige a él en estos términos: «Te podrían facturar 130 memorias, en lugar de 100 y justificar así parte del otro material no justificable?».
La Policía ve indicios de delitos de organización criminal, fraude en subvenciones y falsedad documental en la actuación de ambas empleadas de Ojeda. Otro email remitido por M.C.O.M. demuestra, a juicio de la Policía, «la intención de ocultar las faltas de asistencia con el fin de evitar problemas a la hora de la justificación económica» de las subvenciones.
En un informe que fue clave para la imputación del exconsejero, la Inspección de Trabajo concluyó que su entramado societario endosó de forma indebida a subvenciones gastos por 13,3 millones, el 39% del dinero recibido.
Ojeda negó ilegalidades
Cuando declaró como investigado ante la juez Núñez el 24 de mayo de 2016, el que fuera consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990 afirmó que « toda su actividad es un libro abierto » y que todos los cursos subvencionados «se han dado» por debajo, incluso, del precio del mercado. En su comparecencia ante el juzgado, repartió las culpas entre la Junta de Andalucía —que le debe 5 millones en ayudas para cursos realizados— y el escándalo judicial, que provocó su detención en agosto de 2014.
El negocio de la formación «ha sido una ruina» para Prescal, el grupo de empresas y asociaciones que creó en 1996, dijo. De los 33 millones que le dieron para Delphi, Ojeda detalló que 18 se destinaron a pagar nóminas de los extrabajadores y el resto, a actividades formativas. «Todos los cursos se realizaron hasta el último céntimo» hasta completar un millón de horas.
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