María José López, consejera delegada de Cetursa
María José López, consejera delegada de Cetursa - GONZÁLEZ MOLERO
CÁMARA DE CUENTAS

La empresa de la Junta que gestiona Sierra Nevada paga a sus trabajadores «pluses a la constancia»

La sociedad pública Cetursa lleva diez años contratando personal sin convocatoria pública y al margen de la ley

SEVILLAActualizado:

La empresa autonómica que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, Cetursa S.A., funciona como una isla sin ley en el «archipiélago» de entes instrumentales que componen la denominada Administración paralela de la Junta. Así lo constata la Cámara de Cuentas de Andalucía tras fiscalizar las cuentas del ejercicio 2015. La sociedad que dirige la exconsejera María José López González ha estado durante diez años contratando a su personal sin convocatoria pública y saltándose la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, del año 2007.

Los ascensos tampoco se guían por criterios objetivos. En los procesos de promoción interna «no queda acreditado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de los candidatos», afirma.

Además del complemento de antigüedad, el personal incluido en el convenio de remontes tiene reconocido el denominado «plus de permanencia», devengado por todos los trabajadores con una antigüedad en la empresa superior a los 1.550 días, y un «plus a la constancia» que se paga a los 15 años (equivalente a una mensualidad), a los 25 años (dos mensualidades) y a la baja definitiva (tres mensualidades).

Cetursa, que tiene en nómina a 670 personas, reconvirtió de la noche a la mañana a sus directivos en «jefes de servicio» para mantener sus elevadas retribuciones y sortear la ley autonómica de 2012 que rebajaba el tope salarial de los directivos como medida de ahorro ante la crisis, según revela el órgano fiscalizador.

La Cámara de Cuentas avisa de posible menoscabo de fondos públicos

No es hasta el año 2014 cuando «se da la orden de adecuar la nómina de los directivos a la norma, con lo que hay un periodo de aproximadamente dos años en el que las Leyes de Presupuestos no son cumplidas, ordenándose pagos en contra de sus prescripciones», expone el informe.

El «truco» consistió en un cambio del organigrama. El 31 de diciembre de 2014, «las subdirecciones y direcciones se reconvierten en áreas y sus titulares son cesados como directores» y designados como «jefes de servicio» ese mismo día. Fue un cambio nominativo, porque sus funciones no variaron y sus sueldos, que rondan entre 56.105 y 82.476 euros anuales, tampoco.

La Cámara ve indicios de responsabilidad contable en esta actuación y «el consecuente menoscabo de fondos públicos». Todo ello, en una empresa que, según denunció ya en 2016 el diputado andaluz de Podemos, David Moscoso, en el Parlamento, acumula pérdidas anuales de 6 millones y cada vez externaliza más servicios.

El incumplimiento resulta flagrante para el equipo fiscalizador. «No consta el acuerdo del consejo de administración que autorice el cambio de estructura directiva». Cetursa tampoco tiene el informe preceptivo de la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos. No fue autorizado por el titular de la Consejería de Turismo y Deporte, a la que está adscrita la empresa, ni por la Consejería de Hacienda.

La política de personal también es un territorio sin ley, según la fiscalización realizada. «Las cinco direcciones/jefaturas de servicios y un total de 51 trabajadores tienen reconocidos en sus nóminas incentivos, complementos o gratificaciones extraordinarias no recogidos en los convenios colectivos», dice el informe.

El importe pagado por este complemento a los jefes/directivos no sigue un patrón fijo. En 2015, osciló entre un mínimo de 100 euros y un máximo de 815 euros brutos al mes en 15 pagas.

Durante una década Cetursa ha contratado personal de manera discrecional. «La contratación de personal con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía, no ha ido precedida de convocatoria pública en medios oficiales ni de los procesos selectivos correspondientes que garanticen los principios constitucionales de igualdad, transparencia e imparcialidad, así como,los de mérito y capacidad», advierte la Cámara. La empresa alega en los últimos años la plantilla se ha reducido de 829 a 670 personas.