«Nos han embargado nuestra casa por el impuesto de sucesiones, que es un robo»

Hay herencias que pueden convertirse en una condena, sobre todo cuando Hacienda anda de por medio. A Francisco y a sus padres, se les ha hundido el mundo este año. El legado que les dejó una tía materna los ha arrastrado a un proceso de embargo que podría privarles de su vivienda habitual si éste se consuma.

Empecemos por el principio. En 2011, su madre, sobrina de la fallecida, recibe un local comercial, un piso y el 50% de un parcela rústica en el municipio sevillano de San José de la Rinconada, bienes que la Junta «sobrevaloró» en 600.000 euros, tras aplicar unas coeficientes multiplicadores sobre el valor catastral. Entonces no imaginaban que esto podía pasarles. «Cuando llega la carta de la Junta, no nos lo creíamos: nos obligaba a pagar 205.000 euros por el impuesto de sucesiones», cuenta este joven de 23 años que no ha podido estudiar la carrera de Dirección de Empresas, «aunque me daba la nota, porque no me dan beca por culpa de un patrimonio del que no podemos disponer».

«Lo primero que hicimos fue poner en venta el local para pagar; ahora está todo en venta pero no conseguimos venderlo; quienes nos preguntan se quieren aprovechar y nos ofrecen menos del valor que pone el Catastro. Aun vendiéndolo todo, seguiríamos teniendo deuda», se lamenta. Entre tanto, la bola de los intereses continúa engordando. La factura ya va por 309.000 euros.

El piso donde viven iba a salir a subasta el 2 de diciembre pasado, pero la puja quedó en suspenso a la espera de que dictaminara el Tribunal Económico-Administrativo Central. A esta familia se le pasó el plazo para presentar alegaciones contra la liquidación autonómica. Para paralizarla, presentaron «in extremis» un recurso ante este órgano con idea de que sea revisado su expediente. Puede tardar dos años en pronunciarse. Demasiado tiempo con la espada de Damocles del desahucio sobre sus cabezas.

Para colmo, a su madre le han diagnosticado una insuficiencia renal que la mantiene pegada a una máquina de diálisis. «Nos tienen asfixiados, podemos perder nuestra casa y no nos dan solución. Conseguimos un alquiler de larga duración para el local con una cadena de supermercados. Fui a la Consejería de Hacienda para decirle que les íbamos a ingresar los 800 euros del alquiler. La funcionaria se rió de mí. Me dijo que qué hacía ella con 800 euros al mes», relata. No le hizo caso. «Le estamos entregando el dinero para demostrarle que queremos pagar, por mucho que nos duela hacerlo porque es un robo».