Educación solivianta a las guarderías con otro modelo de ayudas

Las guarderías de Andalucía están en pie de guerra con la Consejería de Educación. Las «escuelas infantiles», como a la patronal que explota estos centros para niños de cero a tres años les gusta que les llamen, ven que peligra su convenio que renuevan cada cuatro años. El próximo 31 de julio acaba el último. La Junta prepara un decreto ley, cuyo contenido ha avanzado verbalmente a los afectados. Para empezar, Educación ha sentado a las patronales una a una, no de forma bilateral, como denuncia María del Rosario de la Peña Franco, presidenta de Escuelas Infantiles de Andalucía, una de las afectadas.

Sobre el horizonte planea un nuevo decreto ley en el que las guarderías que quieran tener plazas subvencionadas pasarían de ser conveniadas a ser adheridas.

Esto abre el abanico al número de plazas, doce mil más según la Consejería de Educación hasta alcanzar las 110.000. El problema es que el dinero no sube: 278,88 euros mes máximo. Cantidad que está congelada desde 2009 sin subidas ni siquiera acompasadas de IPC. La patronal pide subirlo a 302,41 euros. Además, denuncia que con el nuevo decreto los nuevos centros adheridos pueden poner un suelo o mínimo, con lo cual se corre el riesgo de precarizar la educación infantil y a la vez el empleo. Cabe recordar que en las guarderías trabajan unas 15.000 personas.

Los plazos

Otro de los caballos de batalla son los plazos a la hora de solicitar las ayudas. Ante el enorme retraso de la Consejería de Educación en publicar el nuevo decreto ley, este curso habrá un proceso excepcional de escolarización. El más importante para los padres que vayan a solicitar plazas y ayudas comprende entre el 10 al 26 de mayo si todo sigue su curso, ya que en este periodo se solicitan las bonificaciones. Fuera de este plazo las familias tendrán opción a plaza pero no a bonificación, recalcan las patronales del sector.

Al solicitar plaza fuera del procedimiento de escolarización podrán obtenerla en el centro solicitado siempre que cuente con vacantes, pero sin poder disfrutar de ningún tipo de bonificación o subvenciones. Los padres solo dispondrán de diez días para realizar la solicitud. Y fuera de este plazo no se contemplan ayudas. Ni para los que se incorporan más tarde, ni para los que nacieron después del 12 de mayo. «Este hecho supone un grave perjuicio a las familias y vulnera los derechos de los no nacidos antes de esa fecha, también para las escuelas supone un grave problema cuyas plazas de bebés se cubren cuando estos van cumpliendo las 16 semanas y dejaría aulas vacías», afirman todas las patronales.

«Tenga en cuenta, –aclara De la Peña–, que tenemos muchos padres que planifican llevar a sus hijos a la escuela infantil dependiendo de la mano de obra que demandan ciertas campañas, como la de la fresa o la de la aceituna, poner plazos tan cerrados como quiere la Junta es una discriminación para los que quieren conciliar la vida laboral y familiar».

A pesar de que la La Junta está articulando la fórmula más adecuada para que la familia puede optar a obtener bonificación en función de las vacantes y renta familiar, el sector de los centros infantiles que agrupa a diferentes patronales Acade, Aces, Asociación de Escuelas Infantiles Unidas y Coordinadora, se han puesto de acuerdo para convocar hoy una protesta. Será ante la Consejería de Educación en Torre Triana a las doce del mediodía. Esta concentración cuenta también con el apoyo de los sindicatos, que ven como «se ha substraído el derecho a la negociación de la modificación del decreto, saltándose el procedimiento y el informe previo del Consejo Escolar de Andalucía, así como el desconocimiento del texto tal y como va a ser publicado». La nota remitida la firmaban conjuntamente CC.OO., UGT y FSIE. María Paz Agujetas, de Unión Sindical Obrera (USO) ponía de manifiesto ayer a este periódico que no se reunía la mesa sectorial de Infantil desde el año pasado y que todo se ha hecho «aprisa y corriendo sin escuchar ni a los trabajadores afectados ni a la patronal».

Suspensión inmediata

Desde la oposición política se pidió ayer la suspensión del nuevo decreto de forma inmediata. Lo hará El PP-A a través de una proposición no de ley en el Parlamento y que se negocie otro con recursos económicos «suficientes». Así lo explicó en rueda de prensa la portavoz del PP-A, Carmen Crespo, quien señaló que hay una enorme preocupación en el sector y entre los padres». Según destacó la dirigente del PP se amplía el número de plazas conveniadas en 2.500, pero con los mismos fondos que en el escenario anterior, cuando serían necesarios unos 20 millones de euros más. La Consejería de Educación hizo otros cálculos y dijo ayer que el próximo curso hay previsto un incremento del 3,7% y se destinarán un total de 175 millones de euros.