La doble vara de medir del PSOE con los jueces de la trama Gürtel y el caso ERE

La apariencia es fundamental en este caso porque los ciudadanos esperan una sentencia imparcial del que seguramente sea el mayor caso de corrupción de los últimos años». En contra de lo que pudiera pensarse, esta opinión entrecomillada no alude al fraude de los ERE ni salió de boca de ningún miembro del PP andaluz para justificar la recusación presentada el pasado martes contra el juez Pedro Izquierdo, secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2014. Ejerciendo su acción popular, el partido de Juanma Moreno quiere apartar el magistrado que va a enjuiciar a sus antiguos jefes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El «copyright» de la frase es del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando.

El diputado anunciaba así, en junio de 2015, la intención del PSOE de recusar por su «afinidad política» con el PP a Enrique López, ponente del tribunal encargado de juzgar los primeros años de la trama Gürtel y la pieza relativa a los denominados «Papeles de Bárcenas», en referencia al extesorero de la sede popular de Génova.

Los socialistas se mostraron intransigentes con la permanencia de Enrique López como ponente del tribunal encargado de juzgar la red de influencias de Francisco Correa que se apropió de fondos públicos en comunidades y municipios gobernados por el Partido Popular. Pero dejan pasar por la parte más ancha del embudo de su benevolencia a quien debe juzgar la pieza más explosiva del caso ERE, que afecta a 25 ex altos cargos de la Junta. Poco importan al PSOE el currículum de Izquierdo y las dudas que éste genera en otras acusaciones del caso.

Como había vaticinado Hernando, el PSOE, ejerciendo su legítimo derecho como acusación popular en el caso Gürtel, presentó en junio de 2015 un incidente de recusación contra López alegando que había accedido a una vocalía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)a propuesta de los conservadores y que entre 2003 y 2010 había participado en más de medio centenar de cursos de FAES, el laboratorio de ideas del PP.

La desconfianza sembrada sobre este juez por el PSOE, unida a otra recusación presentada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, fue clave para que la Audiencia Nacional acordara apartar tanto a Enrique López como a Concepción Espejel. Esta magistrada fue recusada porque Luis Bárcenas había sido uno de los senadores que la votaron para un puesto en el CGPJ.

En contra de lo que defendían en la Gürtel, a los cargos del PSOE no dudan en apoyar la idoneidad de Izquierdo para juzgar a dos pesos pesados de su partido que han gobernado Andalucía durante 23 años (1990/2013) y a otros 23 ex altos cargos que van a acompañarle en el banquillo, acusados de malversación de fondos públicos y/o prevaricación en el caso ERE.

«Una aberración»

Desde la Junta, que está personada como acusación en el proceso, han atacado con dureza a aquellos que, como el PP, no lo consideran el candidato más indicado para dictar sentencia sobre una trama de corrupción vinculada al PSOE. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, calificó la recusación —un recurso utilizado por su partido en la Gürtel— de Izquierdo como «una aberración en el funcionamiento del Estado de derecho en nuestro país». Acusó al PP de hacer «un uso torticero permanente» de la estrategia judicial para «obtener supuestos réditos políticos».

El PP considera que el magistrado ponente reúne las condiciones para ser apartado del caso ERE porque ha perdido la apariencia de imparcialidad. En su escrito esgrime dos causas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial: la relación de dependencia del juez como subordinado de los acusados Chaves y Griñán y el «interés directo o indirecto en la causa». Este último fue uno de los motivos recogidos por la representación del PSOE para recusar al juez de la Gürtel.

Afinidad a conveniencia

Este partido, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, argumentó que Enrique López, como cualquier otro ciudadano, puede y debe tener ideología, pero en su caso se torna en «afinidad política». Y ésta «puede desviar las posiciones imparciales necesarias para el enjuiciamiento, debido a la amistad o el interés en la defensa de unas determinadas personas que pertenecen a un concreto partido político».

Aunque López hizo toda su carrera en la Judicatura y jamás había dado el salto a la política, los socialistas utilizaron su currículum para cuestionar su credibilidad e independencia. Esta afinidad «puede traicionar su subconsciente y enturbiar su imparcialidad», advirtieron.

La estancia de Pedro Izquierdo en los despachos autonómicos no fue ni mucho menos fugaz. Durante seis años, los expresidentes de la Junta procesados por el sistema irregular de los ERE nombraron y mantuvieron como secretario general de Modernización de la Justicia (2008) y, después, como secretario general para la Justicia (2008/2014) al magistrado que va a redactar la sentencia que puede suponer su condena o absolución en el caso que ha terminado de la peor manera con sus carreras políticas.

Por este motivo, los letrados del PP, ejerciendo su acción popular, han pedido su retirada a la Audiencia de Sevilla. En su escrito denuncian que tiene «relación con algunas de las partes del proceso», en concreto, con «17 personas acusadas por hechos cometidos en los ejercicios de sus cargos como miembros del Gobierno de la Junta».

La acusación del PP ofrece otra razón de peso: los hechos que debe juzgar, el reparto millonario, opaco y arbitrario de ayudas para empresas en crisis, se desarrollaron «en parte en el mismo periodo temporal en el que el magistrado» formaba parte del Gobierno andaluz, primero como secretario general para la Modernización de la Justicia (2008) y luego secretario general para la Justicia (2008/2014).

Como dicta el protocolo, la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, firmó el cese de éste el día 22 de julio de 2014 «agradeciéndole los servicios prestados». Tan pronto como franqueó la «puerta giratoria», Pedro Izquierdo se hizo con la presidencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, de la que formaba parte antes de su etapa en la Junta. Pese a esta proximidad institucional con los acusados, el magistrado se ha resistido a abstenerse. La pelota está ahora en manos del recusado.