Despachos de abogados de primer nivel para los acusados de los ERE

Los ex altos cargos que se sientan en el banquillo del macrojuicio de los ERE no están solos. A pocos metros, en el estrado reservado a las defensas en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Sevilla, se sientan algunos de los mejores penalistas del país , verdaderas autoridades en el campo del Derecho Procesal, juristas de reputada trayectoria profesional y miembros de prestigiosos despachos con minutas elevadas. Entre su clientela, se encuentran exministros como Rodrigo Rato o José Barrionuevo, el expresidente del Barcelona Sandro Rosell o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el caso de la investigación de las fosas del franquismo.

«El Derecho Procesal no tiene precio», comenta uno de los abogados con más experiencia en las macrocausas contra la corrupción en Andalucía. Los honorarios de un penalista de renombre, con independencia de a quien le toque luego pagar la factura, no son para tomárselos a broma. Los servicios del despacho Oliva-Ayala, como el que ha contratado la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez , pueden superar con creces los 300.000 euros para un proceso tan largo y complejo como el de los ERE, aventura un letrado. Otras fuentes del caso destacan las mil y una trabas que pone la Junta de Andalucía para correr con los costes de defensa jurídica de acusados. Sobre este asunto, el secretismo es total.

El tribunal que juzga a los 22 ex altos cargos ha programado 94 sesiones programadas desde febrero a octubre. Y eso, lógicamente, hay que pagarlo. Al despacho madrileño Oliva-Ayala han recurrido algunas de las mayores fortunas del país. Abogados de este bufete han defendido a Emilio Botín , en la querella por las cesiones de crédito; a Rodrigo Rato en el caso Bankia; al ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea, y al expresidente del Barça Sandro Rosell, investigado por el fichaje del delantero Neymar.

Pablo Jiménez de Parga, letrado del expresidente autonómico y exministro Manuel Chaves, también tiene una amplia experiencia en casos como el de los ERE. Defendió a uno de los exresponsables de Filesa en el juicio por presunta financiación irregular del PSOE en los noventa.

El expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha confiado su defensa a uno de los más veteranos y mejores penalistas del país, el ex diputado socialista José María Mohedano. Fue abogado de la acusación particular en el proceso judicial de la colza, por el envenenamiento masivo con aceite para uso industrial a mediados de los años ochenta.

El exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías ha recurrido a Gonzalo Martínez-Fresneda para esquivar una acusación de prevaricación en el juicio de la pieza política del caso ERE. Martínez-Fresneda asesoró al exjuez Baltasar Garzón en la causa abierta por una investigación sobre los crímenes del franquismo, y a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por participar en el asalto de una capilla de la Universidad Complutense en 2011.