FUNCIÓN PÚBLICA

Denuncian que la Junta margina a sus funcionarios en la Ley de Agricultura

El sindicato SAF rechaza que el personal laboral realice actividades que no le corresponden

Carmen Ortiz, conejera de Agricultura de la Junta
Carmen Ortiz, conejera de Agricultura de la Junta - ABC
J.C. - Actualizado: Guardado en:

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado un posible episodio de usurpación de potestades públicas por parte del personal laboral de la Junta en las tareas que corresponden a los empleados públicos de más alto nivel, es decir a los funcionarios de carrera. El nuevo caso ha sido detectado en el anteproyecto de la Ley de Agricultura y Ganadería.

Según el SAF, en la disposición tercera de la citada normativa se atribuye el desempeño de potestades administrativas, propias de los funcionarios, a personal laboral de la Agencia Agapa, procedente de la denominada «administración paralela». Concretamente serían las actuaciones materiales de comprobación del cumplimiento de los requsitos para la percepción de determinadas ayudas de la UE.

Apunta el sindicato en una nota que esta situación es similar a otra que está siendo objeto de una instrucción penal por parte del Juzgado número 8 de Sevilla. Se investigan las tareas de seguimiento, control y verificación de la ejecución de cursos de Formación Profesional por parte de personal laboral o externo.

Como consecuencia de ello varios altos cargos de la Junta están sometidos a una indagación por la posible existencia de delitos tales como usurpación de potestades públicas, malversación de caudales y prevaricación

El SAF recuerda que la Agapa «cuenta con personal laboral subrogado de la extinta Empresa de Desarrollo Agrario y Pesquero, Sociedad Anónima (Dapsa), un total de 1.699 trabajadores de los cuales 1.524 desempeñan labores técnicas, a pesar de la existencia de cuerpos funcionariales», como son los ingenieros agrónomos, los veterinarios y los ingenieros técnicos agrícolas.

Estos cuerpos, subraya el sindicato, «son los únicos legitimados para el desempeño de las potestades administrativas enumeradas y únicos en los que recaen las notas de imparcialidad y objetividad, por imperativo constitucional».

«La conclusión -expone- no parece ser otra que la de dotar de funciones al personal de la Agencia procedente de la 'administración paralela', para justificar su mantenimiento dentro de la misma, en detrimento del personal funcionario, cada vez más escaso en la Administración y cuya situación ya hemos denunciado desde el SAF en diversas ocasiones».

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha puesto estos hechos en conocimiento de la Administración y del Gobierno autonómico para que «procedan a la inmediata retirada de dicha disposición adicional y, caso de que el personal laboral de la Agencia esté desempeñando en la actualidad las tareas enumeradas, dicten instrucciones para que cesen en las mismas».

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