Sala de la Audiencia de Sevilla donde se ha reanudado el juicio de la pieza política de los ERE
Sala de la Audiencia de Sevilla donde se ha reanudado el juicio de la pieza política de los ERE - EFE/Jose Manuel Vidal
CASO ERE ANDALUCIA

Las defensas estallan contra la Fiscalía: «Ampliar el objeto del juicio del caso ERE es un disparate»

El PP defiende que los andaluces, representados por la Junta, puedan recuperar el dinero defraudado

SEVILLAActualizado:

Las defensas se han rebelado este lunes contra la Fiscalía Anticorrupción y han pedido al tribunal que juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos más en la pieza política del caso ERE que rechace «semejante disparate procesal», en alusión a la petición del Ministerio Público para que se delimite el objeto de enjuiciamiento.

La sesión se dedica hoy a que las defensas y acusaciones rebatan las cuestiones previas planteadas por las partes. Hay que recordar que la Fiscalía planteó en las cuestiones previas que se aclare si los acusados van a ser juzgados por prolongar la «ilicitud» de un sistema que empleó 855 millones de euros durante una década o si también se les va a enjuiciar por cada una de las ayudas sociolaborales y empresas donde intervinieron, algunas de las cuales ya se investigan en otras piezas ya separadas de la macrocausa penal contra la corrupción política en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Víctor Manuel Moreno Catena, abogado de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha defendido que dicha «reinterpretación» del auto de transformación del juez instructor Álvaro Martín que dio pie a este juicio es «extemporánea, impertinente y un dislate procesal» y que «no se pueden cambiar las reglas cuando el juicio se ha abierto, como pide el fiscal». Este letrado, a cuya petición se adhirieron otras defensas de los acusados, ofrece dos razones.

En primer lugar, Moreno Catena afirma que los hechos que se enjuician en esta vista oral, centrada en el procedimiento específico de financiación, concesión y pago de las ayudas irregulares, ya quedó delimitado en el auto del instructor del 31 de mayo de 2016, que no fue recurrido por el Ministerio Fiscal y ya es firme. «Es un planteamiento que carece de cualquier amparo legal» y vulnera, a su juicio, derechos fundamentales. En segundo lugar, señala que «el tribunal es incompetente para delimitar el objeto de la causa» porque no puede interferir en procedimientos distintos.

Por su parte, el PP, que ejerce la acusación popular en la causa política de los ERE, se ha puesto de parte de la Fiscalía en este discusión que tiene su origen en una decisión de la Audiencia de Sevilla. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla estableció la doctrina de que si un ex alto cargo están encausado en la pieza política –que engloba todas las ayudas concedidas concedidas por la Consejería de Empleo- no puede ser enjuiciado por cada una de las ayudas en que participaron de forma aislada.

Luis García Navarro, letrado del PP andaluz, ha defendido que el tribunal juzgue a los acusados por «la creación y mantenimiento del llamado fondo de reptiles» y que, por tanto, «son hechos distintos (el procedimiento y las ayudas individuales) que deben ser enjuiciados en procedimientos distintos». Defiende, así que el tribunal, resuelva este «galimatías» para evitar una situación de «inseguridad jurídica».

Esta acusación popular ha apoyado que la Junta de Andalucía, que pidió el sobreseimiento de esta causa y decidió apartarse así del juicio, recupere el dinero. La Junta se reservó la petición de fianzas de responsabilidad civil en las piezas separadas, pero la posterior exclusión de los acusados de las distintas piezas, siguiendo el criterio de la Audiencia, le impide ahora reclamar las cantidades por el quebranto económico causado a las arcas públicas. Defiende así «posibilitar que todos los andaluces representados por la Junta de Andalucía pueda recuperar todo el caudal del dinero que ha sido defraudado».