PROTECCIÓN DE DATOS
El Consejo de la Transparencia es un bluf... y ABC pudo comprobarlo
El organismo no admitió la primera reclamación de un periodista, al que reconoce su derecho a recibir la información
Nueve folios, referencias de jurisprudencia de media Europa, un reconocimiento al derecho a la información y un recurrente «obstáculo procedimental» para no dar la información que se resistía a ofrecer la Junta de Andalucía... Así solventó el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la primera reclamación planteada por un periodista , que se identificaba como tal, tras su constitución en enero de 2016.
La reclamación 207/2016, firmada por un periodista de ABC, ponía en conocimiento del Consejo la negativa de la Agencia Idea a facilitar la resolución de una convocatoria de empleo público de la Junta de Andalucía en Bruselas. El proceso selectivo había sido cuestionado por uno de los aspirantes, cuyo testimonio había recogido este periódico. La propia Agencia Idea, que se negó a ofrecer los datos, invitó al periodista a reclamar al Consejo.
Tras presentar la reclamación con todos sus datos, el Consejo solicitó un mes después al reclamante que acreditara su condición de representante de ABC . Solventado el trámite, el Consejo solicitó a la Agencia Idea, expediente, informe y alegaciones para finalmente emitir su resolución el 1 de febrero de 2017.
La resolución, firmada por el director del Consejo, Manuel Medina , recurre a numerosas citas de juriprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos («sentencia Társaság a Szabadságjogokért c. Hungría» y «Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c. Austria», por poner dos interesantes ejemplos) para reconocer algo tan extendido como que «la negativa a proporcionar información a un profesional de los medios por parte de los poderes públicos puede constituir una interferencia lesiva del derecho a recibir y comunicar información», asunto más que asentado en la Constitución.
También reconoce la resolución que «nada se opone a que se facilite la información reclamada» , ya que, en anteriores resoluciones, el Consejo de la Transparencia sostiene que «el interés público en la divulgación de información relativa a una persona nombrada para un puesto... debe prevalecer, con carácter general, sobre su interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal».
Es más, el Consejo admite que recibió de la Agencia Idea un informe con todos los datos requeridos de la convocatoria, incluida la identificación de la persona seleccionada para el puesto. Por tanto, el director del Consejo admite que debería instar al órgano reclamado a que directamente pusiera a disposición del solicitante la información remitida.
Pero nada de lo anterior supone para el Consejo un argumento de peso ante el «obstáculo de índole procedimental» que «inevitablemente» le llevó a declarar la inadmisión de la reclamación del periodista de ABC. ¿Cual puede ser ese obtáculo mayúsculo? Cuando el periodista realizó la primera petición al gabinete de prensa de la Agencia Idea lo hizo por teléfono , medio habitual, pero que «no puede considerarse una solicitud formal en los términos requeridos por la legislación en materia de transparencia», aspecto que alegó la agencia, esgrimiendo que «no quedaba garantizada la identidad del interlocutor» .
A pesar de tener constancia de la identidad del reclamante, de su derecho a recibir la información tratándose además de un periodista, y a pesar de tener en su poder esa información, el director del Consejo de la Transparencia no admitió la reclamación ni requirió al departamento de la Junta que lo hiciera. Así cerró la vía administrativa.
Evidentemente, a esas alturas, tres meses después de la reclamación, el periodista ya había accedido por otras fuentes a la información requerida ; pero constató la escasa utilidad del Consejo de la Transparencia, «prioridad» de la presidenta de la Junta , a cuyo director encomendó «empoderar a los ciudadanos» y reforzar la «credibilidad y confianza» de las instituciones mediante un mayor «conocimiento y control» de lo público .
