El Congreso admite a trámite la iniciativa legislativa sobre los interinos

El Congreso de los Diputados ha acordado admitir a trámite una iniciativa legislativa popular para que se elabore una Ley que pemita la regulación del personal funcionario interino y estatutario temporal. La misma ha sido promovida por el abogado gaditano Manuel Martos a título personal y como presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) recogía el pasado lunes, 24 de octubre, el acuerdo de admitir «el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el boletín, conforme a los artículos 5,3 y 7,1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular».

Manuel Martos, que ayer mostró su satisfacción en declaraciones a este diario, tiene por delante ahora una ardua tarea, ya que necesita reunir, junto a su equipo de colaboradores, 500.000 firmas en un plazo de nueve meses para que la Cámara Baja impulse la elaboración de la Ley.

Martos tiene previsto hacer una campaña por todo el territorio nacional para conseguir ese objetivo. La futura normativa estaría destinada a que el personal que trabaja para las administraciones y supere los tres años de relación contractual, pueda consolidar los empleos como laboral indefinido no fijo.

Según el documento remitido al Congreso de los Diputados, ante el «vacío legal» que existe en la actualidad, la futura normativa debería incluir que en el caso de amortización del puesto de trabajo, cobertura de plaza por funcionario de carrera, por concurso de traslado u otras modalidades, se apruebe una liquidación de 20 días de salario por año de servicio.

La iniciativa prevé asimismo que las administraciones que en el plazo de seis años no convoquen las plazas preceptivas por oferta de empleo público, podrán realizar procesos extraordinarios y urgentes de consolidación de empleo.

La futura ley, tal y como está previsto en la iniciativa legislativa popular, se aplicará a todo el personal que tenga vínculo con la Administración, quedando excluidos los funcionarios de carrera, el personal eventual de confianza y el laboral fijo.