Griñán el miércoles a la entrada del tribunal que le juzga en Sevilla - AFP VÍDEO: ATLAS

Cómo explica Griñán el «gran fraude» de los ERE

El expresidente andaluz argumenta las ayudas irregulares como una «mala ejecución del gasto»

SEVILLAActualizado:

El expresidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán se desentendió el miércoles de cualquier responsabilidad en el procedimiento supuestamente ilícito para financiar pólizas de prejubilación y empresas en crisis. En su declaración como acusado ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla que juzga a 22 ex altos cargos autonómicos en la pieza política de esta macrocausa, llegó a afirmar que «no conocía exactamente» el programa presupuestario 31L que nutría año a año las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis y que se enteró de su existencia cuando «surgió la causa» y estalló el escándalo en el año 2011. La partida figuraba en los proyectos de presupuestos de la Junta aprobados por el Consejo de Gobierno y el Parlamento andaluz que la Consejería de Hacienda elaboraba con las propuestas económicas que le trasladaban los distintos departamentos, pero apuntó que era una parte «insignificante» de las cuentas de la Consejería de Empleo. Tampoco «conocía» a ninguno de los prejubilados con dinero público.

Durante las siete horas que duró su declaración, el primer presidente de la Autonomía que se sienta en el banquillo por un caso de corrupción —junto a Manuel Chaves, que declarará el próximo lunes—, justificó su pasividad para no frenar las irregularidades, uno de los principales reproches que le hacen el juez y las acusaciones. Argumentó que «jamás» le trasladaron ningún informe del interventor general de la Junta de Andalucía que «pidiera una actuación directa» suya.

El interventor entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, también acusado en el proceso, le remitió «para su conocimiento» un informe adicional sobre las cuentas de la agencia pública IFA/IDEA en el año 2005 donde alertaba de que el procedimiento de pago de las ayudas «prescindía total y absolutamente del procedimiento establecido». El funcionario, a quien Griñán se refirió en el juicio como una «persona muy rigurosa», insistió durante su interrogatorio en las críticas que realizó hacia tres exconsejeros que desoyeron sus alertas: «No hay excusa alguna para haber tomado las medidas de corrección que tenían que haber tomado», dijo en el Supremo.

Seis años de prisión

José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación, descargó en la Consejería de Empleo toda la carga penal del supuesto fraude como gestora de los 855 millones de euros distribuidos entre 2000 y 2010. Pero incluso al endosarle culpas a Empleo, el exdirigente socialista se mostró indulgente. Redujo todo a «una mala ejecución del gasto», en algunas ocasiones incluso «censurable» por parte del citado departamento, pero en todo momento dejó fuera de la onda expansiva del fraude a la Consejería de Hacienda que él ocupó entre 2004 y 2009. Este último año, Manuel Chaves lo eligió para sucederle al frente del Ejecutivo andaluz hasta 2013, cuando dimitió por la «erosión» causada por el caso ERE, cuando su nombre empezó aparecer en los autos de la juez Mercedes Alaya.

El expresidente suscribió su declaración ante el Supremo en 2015

El expresidente suscribió su declaración ante el Supremo en 2015 con la salvedad de que entonces sólo conocía de la causa el escrito que la primera instructora Mercedes Alaya elevó al Supremo para su imputación al ser senador y estar aforado. Entonces el fiscal le preguntó si quería añadir algo sobre esa declaración. Griñán contestó: «¿Sobre el instructor? Sí, que no había malversación», en alusión a que el juez del Supremo ante el que declaró, Alberto Jorge Barreiro, no le imputaba este delito.

Griñán, que está jubilado de su puesto como inspector de Trabajo del Estado, se sintió cómodo en un interrogatorio del fiscal cargado de tecnicismos sobre el procedimiento administrativo. En este terreno que domina, atacó uno de los principales argumentos de las acusaciones al negar la ilegalidad de las transferencias de financiación. «Eran inadecuadas pero legales», afirmó a preguntas de su abogado, José María Mohedano, durante la sesión. La Consejería de Empleo se valió de una agencia instrumental de la Junta, IFA/IDEA, para pagar las ayudas que concedía, lo que limitaba la supervisión de estos fondos.

Gestión y crédito

El expresidente explicó que una cosa es la gestión del gasto y otra distinta el «crédito presupuestario». Alegó que el mecanismo de pago es «inocente» y repitió hasta en dos ocasiones que las transferencias «no impedían la fiscalización previa» de las ayudas, en contra de lo que sostienen los peritos de la Intervención de la Administración de Estado y las acusaciones. También defendió que nunca hubo «tacha de ilegalidad» al programa de ayudas por parte de la Cámara de Cuentas, que hizo el «control externo» de las cuentas generales de la Junta. El tribunal que enjuicia a Griñán, Chaves y otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz, debe determinar si fue delictivo el procedimiento por el que se concedían y financiaban las ayudas.

Sobre la Intervención, Griñán dio una de cal y otra de arena. Señaló que es la que «tiene que controlar» la ejecución del programa y que no realizó un informe de actuación dirigido a él porque no vio menoscabo de fondos.