PARLAMENTO

Ciudadanos propone dar un «cheque» a los parados para pagar cursos

El partido de Albert Rivera quiere que se establezca un marco normativo para que los propios desempleados elijan dónde formarse

Marta Bosquet, en la presentación de las conclusiones en el Parlamento
Marta Bosquet, en la presentación de las conclusiones en el Parlamento - ABC
A. R. V. Sevilla - Actualizado: Guardado en:

El grupo de Ciudadanos ha propuesto que se impulse una norma en Andalucía para extender el uso de los denominados «cheques de formación para los desempleados», unas ayudas públicas que les permitirían «pagar cursos o tutorías individuales». Ésta es la original propuesta de mejora recogida en las conclusiones del partido naranja presentadas el pasado lunes ante la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas en el fraude de la formación.

Ciudadanos argumenta en su escrito que iniciativas de este tipo permiten que sea el desempleado «quien decida dónde quiere formarse con la gestión de dichos cheques». De este modo, se evita que «las subvenciones pasen a sindicatos u organizaciones empresariales, para erradicar cualquier posible red clientelar o la aparición de empresas caza-subvenciones y, en consecuencia, el enriquecimiento improcedente de los beneficiarios de la subvención, en detrimento de la formación».

El grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía considera responsables políticos de la gestión de los cursos de formación a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los dirigentes de la Consejería de Empleo desde 2002 hasta 2012.

El PSOE, que no considera responsable del fraude a ningún alto cargo ni funcionario, plantean exigir al Gobierno de la Nación que acometa el desarrollo reglamentario de la ley de formación profesional para el empleo y que, de forma urgente, se envíe al Parlamento un nuevo proyecto de ley de formación profesional para el empleo que incluya las singuralidades de Andalucía.

Los socialistas también solicitan consensuar con todos los actores implicados en Andalucía un plan de acción de formación profesional para el empleo, con un informe anual de seguimiento; y regular la obligatoridad de realizar estudios intermedios y finales que evalúen la efectividad de los planes de formación en ejecución, «lo que permitirá disponer de información suficiente y fiable para tomar decisiones sobre la continuidad de los mismos o la necesidad de adaptarlos a las nuevas realidades del mercado laboral».

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