María Jesús Montero junto a Juan Marín en una reunión esta misma semana
María Jesús Montero junto a Juan Marín en una reunión esta misma semana - RAÚL DOBLADO
POLÍTICA

Ciudadanos aprieta a la Junta y critica el gasto de 600.000 euros al año para pisos de altos cargos

Bronca en el Parlamento entre el partido naranja y el PSOE en plena negociación por el Presupuesto 2018

SevillaActualizado:

Ciudadanos está empezando a convertirse en un socio molesto para el Gobierno andaluz. Será tal vez porque son conscientes de su posición de fuerza en el Parlamento —son imprescindibles para que Susana Díaz saque adelante su presupuesto— o porque han ido aprendiendo estrategia dejando a un lado la bisoñez que les caracterizaba en marzo de 2015. Inmersos en la negociación de las cuentas de la Junta para 2018, están centrados en demostrar que hay muchas partidas que se pueden recortar en el Presupuesto andaluz y proponen destinar esos fondos a reducir la fiscalidad que soportan los andaluces, empezando por el impuesto de sucesiones, su principal caballo de batalla.

En este contexto, no fue nada inocente la pregunta realizada este jueves por el portavoz adjunto de Ciudadanos, Sergio Romero, a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en una comisión de la Cámara andaluza. Ciudadanos quería saber cuánto dinero público se gasta en compensaciones por viviendas a los altos cargos de la administración, lo que considera «un lastre para la clase política».

Montero no evitó facilitarle los datos: 600.000 euros anuales para pagar los alquileres a los 50 altos cargos de la Junta que viven a más de sesenta kilómetros de su lugar de trabajo. Una cantidad que suele rondar unos mil euros mensuales por alto cargo pero que, según denunció Sergio Romero, ha habido casos en los que se han pagado hasta 3.000 euros mensuales. Así, citó expresamente a la gerente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, María Victoria Román González, quien cobró esa cantidad junto a su marido, el exconsejero de Empleo, Manuel Recio. Dos altos cargos, dos compensaciones por vivienda, a pesar de que ambos son matrimonio y compartían domicilio.

El debate que María Jesús Montero y Sergio Romero mantuvieron ayer en el Parlamento fue de todo menos amable. Nada afable en un contexto en el que ambos partidos están negociando un acuerdo para las cuentas de la Junta, si bien hay que destacar que Sergio Romero no acude a las reuniones entre ambas partes.

Comisión de investigación

Está por ver si este debate va a ir más allá o se ha quedado en una simple refriega parlamentaria, (¿estrategia en la negociación?), entre dos grupos políticos porque ocasiones va a haber para polemizar sobre este asunto. Podemos ha comenzado a negociar con los grupos políticos (entre ellos Ciudadanos) la apertura de una nueva comisión de investigación sobre el personal que trabaja en los entes instrumentales de la administración andaluza, los sueldos que cobran los altos cargos de la administración paralela así como las funciones que realizan todos y cada uno de ellos.

El partido que dirige Teresa Rodríguez quiere crear esta comisión con la unanimidad de todos los grupos de la oposición para lo que está dispuesta a renunciar a su protagonismo político al respecto. Izquierda Unida ya se ha mostrado favorable a esta iniciativa, mientras que se van a sentar con Ciudadanos para tratar de impulsarla. El PP, por su parte, todavía no ha recibido ningún tipo de oferta de la formación morada. Por el momento, se limitan a afirmar que están dispuestos a escuchar.

Diferencias en los privilegios

Sin embargo, no todos los privilegios se van a debatir en la Cámara andaluza. «Por falta de tiempo» no se va a debatir en el próximo pleno —que se celebrará la semana que viene— la propuesta de Podemos que pretende que los diputados tengan que justificar sus dietas y que, además, éstas sean asimiladas a las que cobran los funcionarios de la Junta. Se trata de una reforma del reglamento interno que podría entrar en cualquier momento en el orden del día del pleno del Parlamento pero que el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, ha rechazado por segunda vez, con la connivencia de la Mesa del Parlamento.

A finales de julio también se rechazó que esta iniciativa, que también prevé que las cesantías que cobran los diputados andaluces cuando salen de la Cámara sean similares a las prestaciones por desempleo que perciben el resto de trabajadores, se debatiese en el pleno.