Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, llegando a la Audiencia Provincial de Sevilla - RAÚL DOBLADO
CASO ERE ANDALUCÍA

Chaves, en el juicio del caso ERE: «¿Cómo se daban las ayudas? Yo no lo sabía ni me correspondía saberlo»

El expresidente de la Junta declara que no podía pensar que se estableciera un procedimiento «para burlar la ley»

SEVILLAActualizado:

«No lo recuerdo, no lo conocía». Han sido las dos frases más repetidas por el que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1990 y 2009, Manuel Chaves, durante el juicio de la pieza política del caso ERE. Durante el interrogatorio del fiscal, ha afirmado que conocía la existencia de las ayudas sociolaborales pero «no sabía» cómo se daban. Chaves se sienta en el banquillo por el procedimiento supuestamente ilegal para repartir estos fondos. También están acusados el expresidente andaluz José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos autonómicos más.

Chaves, que ha comenzado a declarar este lunes ante el tribunal, coincidiendo con la Feria de Abril, ha sido preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga por su conocimiento sobre las citadas ayudas. «¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no lo sabía. No correspondía a mi ámbito de decisión. ¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no entraba», ha insistido.

El expresidente, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un supuesto delito continuado de prevaricación, ha subrayado que «las exigencias y los requisitos yo no los sabía; no era mi ámbito decisión».

El ex alto cargo se ha amparado en la confianza que tenía en sus subordinados. En este contexto, «para mí era muy difícil pensar que en la Consejería de Empleo o en la de Educación se podía establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley».

El desconocimiento y la falta de competencia han sido los ejes sobre los que ha girado su intervención en el juicio. «No es un problema de dejación o de que queramos esconder nuestras responsabilidades. Eran unos presupuestos complejos, bastante superiores a los de bastantes países de la UE. Tenía 140 programas y miles de aplicaciones presupuestarias. Era imposible que un Consejo de Gobierno pudiera debatir 140, 150 o 180 programas electorales [presupuestarios]. Era imposible debatirlos y conocerlos», ha explicado.

Preguntado acerca del uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales, un mecanismo presupuestario que impedía la fiscalización previa de las ayudas, Chaves ha negado que supiera cómo se tramitaban y ejecutaban las ayudas, porque no se llegaba a ese nivel de detalle en los consejos de gobierno presididos por él. «No lo conocía. He conocido aquí que tenían una determinada finalidad», ha indicado.

A renglón seguido, el exdirigente socialista, que dejó su escaño en el Congreso tras declarar como imputado en el Tribunal Supremo, ha asegurado que las transferencias debían de ser legales porque figuraban en las leyes de los Presupuestos de la Junta de Andalucía: «Yo no sé si eran adecuadas o no, pero estaban en la ley». También dijo ignorar los informes de la Intervención de la Junta alertando del uso «inadecuado» del sistema de transferencias de financiación para que IFA/IDEA pagara las ayudas, que según la Fiscalía buscaba eludir la fiscalización previa.

Se reunía con los sindicatos y comités de las empresas que recibieron ayudas de prejubilación, pero no conocía los detalles ni dio instrucciones a consejeros

Manuel Chaves ha relatado que conocía las grandes crisis de empresas como Santana, Delphi o la Faja Pirítica de Huelva, porque se reunía con los comités de empresa y los sindicatos y solicitaba que estuvieran presentes los secretarios generales de CC OO y UGT en Andalucía. Dichos contactos los ha encuadrado dentro de los acuerdos de concertación suscritos entre el Gobierno andaluz, los citados sindicatos y la Confederación de Empresarios de Andalucía. En ellos había un apartado que era «la protección del tejido productivo y del empleo», ha apostillado.

«Mi criterio y mi opinión es que ante una empresa en crisis, había que tratar de salvarla y de proteger a los trabajadores», ha recordado. Pero el importe de las ayudas, los requisitos para acceder a ellas o los beneficiarios, no los conocía porque «no entraba dentro de nmi ámbito de decisión».

Tampoco conoció los diferentes borradores de decretos y órdenes para regular las ayudas que no salieron adelante y nadie la planteó la «inexistencia de una base reguladora», porque «siempre he partido de que había una normativa que permitía dar esas ayudas» a trabajadores afectados por crisis laborales.

Chaves ha defendido que «nunca conoció» tampoco el convenio marco de 2001 entre Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) para que éste pagara las ayudas con fondos que la consejería que las concedía le enviaba mediante transferencias de financiación.

Respecto a las modificaciones presupuestarias que pasaron por el Consejo de Gobierno presidido por él para ampliar la partida económica de los ERE, Chaves ha explicado que ninguna de ellas se debatió en el máximo órgano de decisión ejecutiva y tampoco se las leía porque iban en el índice verde del Consejo de Gobierno. «Lo que iba en índice verde no se abría», ha indicado.

Por otro lado, el expresidente ha reconocido que hasta que no se instruyó esta causa no leyó las memorias anuales que se acompañaban a los planes de control financiero permanente que elaboraba la Intervención General de la Junta de Andalucía. En ellas se advertía de que el procedimiento empleado en las ayudas evitaba su fiscalización previa. Chaves ha indicado que de la lectura de estas memorias no ha detectado «ningún síntoma de alerta o alarma, ni mucho menos».

El tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla enjuicia a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedieron 855 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2001 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Es la segunda ocasión en la que el expresidente de la Junta de Andalucía será interrogado sobre su posible responsabilidad en el caso de los ERE, después de que el 14 de abril de 2015 declarara ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.

Chaves compareció en calidad de imputado en relación con los «actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas» de Andalucía, «así como las prestadas a personas físicas», según rezaba el auto de citación.

En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez Mercedes Alaya, que investigaba por entonces la matriz de esta causa, Mercedes Alaya, acusaba indiciariamente a Chaves y a los otros cuatro aforados nacionales, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, en esta causa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivotaba la instrucción en el alto tribunal.

El expresidente de la Junta, según recoge el acta de su declaración, apuntó que, en diez años de debates presupuestarios, ninguno de los centenares de diputados que pasaron por las cortes andaluzas hicieron observación alguna de ilegalidad respecto del sistema de «transferencias de financiación» que se utilizó para tramitar las ayudas socio-laborales y por las que se allegaban fondos de la partida 31L a IFA/IDEA para el pago de las mismas.

A juicio de Chaves, según dijo, es muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados hayan visto absolutamente nada ilegal. El expresidente negó también haber conocido nunca ningún informe de la intervención poniendo reparos a estas ayudas.