JUICIO

Caso ERE Andalucía: una acusada de la Junta, a favor de Manos Limpias y el PP defiende su expulsión

«Evidencia el extremo interés de la señora Aguayo para que se mantenga el sindicato como parte "defensora"», alega el letrado del PP

Carmen Martínez Aguayo, con su abogado, Víctor Moreno Catena, a su salida de la Audiencia de Sevilla RAUL DOBLADO

ANTONIO R. VEGA

Es el mundo al revés. En un gesto con pocos precedentes en un proceso judicial, la defensa de un acusado en el juicio de la pieza política del caso ERE se posiciona a favor de una acusación.

Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y abogado defensor de la exconsejera andaluza de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, quiere que Manos Limpias siga como acusación popular en el proceso que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos, incluidos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Mediante un inédito escrito dirigido al tribunal, el letrado ha pedido que rechace «de plano» la solicitud del PP para expulsar al sindicato argumentando que ha cambiado su posición en la causa.

El abogado del PP andaluz, Luis García Navarro, mediante otro escrito dirigido a la sala, vuelve a defender la revocación de la condición de acusación popular que ejerce Manos Limpias y critica la sospechosa defensa que hace de este sindicato la citada defensa.

El letrado del PP-A, que también ejerce la acusación popular en el juicio, asegura que es una «aseveración falaz» que haya cambiado su postura en el juicio respecto al sindicato.

A su juicio, el escrito presentado por la exconsejera, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión por sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos , «evidencia el extremo interés de la Sra. Aguayo en que se mantenga Manos Limpias como parte defensora de sus intereses y no en la condición de acusación popular que ostenta».

Durante el juicio, en una intervención oral el pasado 15 de enero, el PP solicitó revocar la acusación popular que ejerce el sindicato porque « no puede subvertir su rol y convertirse en defensa de los acusados ». El tribunal aún no ha tomado una decisión al respecto.

El PP reitera esta petición amparándose en el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere a la protección de la buena fe procesal y al rechazo de situaciones que impliquen el abuso del drecho a litigar y el fraude de ley o procesal ».

Por otro motivo, la mayoría de abogados de la defensa cuestionaron la permanencia de Manos Limpias en el proceso durante la fase de las cuestiones previas.

Según advirtió durante la vista el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, sería «una burla a la Justicia, una afrenta al tribunal y un escarnio a la dignidad del resto de operadores jurídicos » que siguiera sentado en el estrado de la acusación una organización cuyo principal representante está investigado precisamente por chantajear supuestamente a personas, empresas e instituciones y luego cobrar dinero por retirar las acciones jurídicas emprendidas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Bernad casi 25 años de prisión.

Por su parte, Manos Limpias elevó un escrito a la Audiencia donde pone de manifiesto que, en relación a la causa de la Audiencia Nacional, « no se ha llamado al sindicato al proceso ni existe atisbo alguno de que la persona jurídica tenga mácula, más allá de la que pretenda verse por los firmantes o por los medios de comunicación».

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