LOS ERE EN ANDALUCÍA
La mayor parte del caso ERE sigue sin investigarse más de siete años después de su apertura
Según la Fiscalía, sólo han sido citados testigos e investigados en una quinta parte de las 270 piezas, sobre las que acecha el riesgo de la prescripción
Incoar, trocear, archivar y excluir a ex altos cargos de la Junta de Andalucía de piezas desgajadas del caso ERE. Sobre estas cuatro patas se ha apoyado la instrucción de esta macrocausa desde que María Núñez Bolaños se hizo con los mandos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 16 de junio de 2015, tras la marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla. No es una apreciación subjetiva. Un repaso a los autos dictados por la magistrada en los últimos meses da prueba del brusco viraje que ha dado a esta instrucción. Bajo su etapa, se ha jibarizado su tamaño reduciendo el número de encausados del Gobierno andaluz y se han desgajado 111 piezas de la macrocausa matriz para ganar agilidad, aunque sigue avanzando con lentitud . Un vistazo al desplegable de ayudas concedidas y pagadas irregularmente entre 2000 y 2011 revela que aún quedan casi 200 subvenciones pendientes de investigarse.
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Alaya consideró «inescindible» el caso ERE y esa convicción la enfrentó al Ministerio Fiscal, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)y al Ejecutivo andaluz. A su sustituta le bastaron 45 días para trocear la causa, a lo que se había negado con contumacia durante cuatro años. El ataque directo que hizo Alaya a Núñez, a la que cuestionó por su capacidad y amistad con el exconsejero andaluz de Justicia y fiscal Emilio de Llera , hizo que el TSJA y el Consejo General del Poder Judicial –cuyos vocales son elegidos por la clase política– le retiraran su apoyo para continuar con la investigación de la corrupción autonómica mediante una comisión de servicios.
La nueva titular dio carpetazo a la rama política del Caso Formación contra 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo
Con la marcha de Alaya, nada o casi nada ha vuelto a ser igual en el juzgado donde destapó las miserias del poder en aquella Andalucía que cabalgaba imparable sobre arrolladoras mayorías socialistas. No sólo en los ERE. También en otros escándalos. La nueva titular dio carpetazo a la rama política del Caso Formación contra 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo. Núñez redujo la supuesta red clientelar vinculada a las ayudas para cursos a un cúmulo de meras irregularidades administrativas sin consecuencias penales. La investigación de los casos Avales I y II va tan retrasada que ha provocado severos reproches de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia, al igual que sucede con los Préstamos a Santana. Su continuidad como instructora de las diligencias que indagan en el uso inadecuado de las transferencias de financiación desde distintas consejerías de la Junta a la agencia IDEA (el ente público que pagaba las ayudas de los ERE) no está asegurada. El PP ha recusado a Núñez porque duda de su imparcialidad, dado que una cuñada suya trabaja en el área que controla los fondos de IDEA.
Un solo juicio
En el caso ERE, con los datos que maneja la Fiscalía, «sólo se han practicado diligencias de instrucción en el juzgado» citando a algunos testigos e investigados en unas 35 de las 270 piezas que conformarán esta macrocausa. No llega a una quinta parte, tras el troceamiento del sumario. Así lo expusieron en el escrito de cuestiones previas que los fiscales elevaron en enero al tribunal que debe decidir si los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán –acusados de prevaricación y/o malversación– delinquieron por instaurar un sistema de ayudas opaco y arbitrario en la única pieza de la causa que se está juzgando.
El caso ERE no terminará con el proceso que ha reunido en el banquillo a 22 ex altos cargos autonómicos, algo impensable hace siete años y medio, cuando Alaya abrió las diligencias al hallar el primer intruso en un ERE subvencionado a la lonja Mercasevilla.
En un auto del 21 de marzo pasado, la juez Núñez admitió que, «salvo error u omisión, aún quedan por desgajar 23 piezas» de la macrocausa original. Entre las ayudas para prejubilaciones pendientes de investigar están los dos expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla, el origen del caso ERE.
Más empresas beneficiarias
La lista aportada por la magistrada recoge más empresas beneficiarias de fondos públicos cuyos destinatarios y ex altos cargos implicados no han sido citados como imputados en la mayoría de los casos: Gestifesa; Inverjaén; Cervezas Alhambra; Open Minds; Sucesores José Sánchez Marcos; Tubos Reunidos; Gres Vilches y su sucesora Cerámica Syre; Pickman; Martínez Barragán; Industrias del Guadalquivir; Germans; Aceites Coosur; Altadis; Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz; Asociación de Antiguos Empleados del Marco de Jerez; Astilleros de Huelva; Naval de Cádiz; Smurfit, y Fundosa Ultracongelados. Sin contar otras dos empresas citadas por Núñez, Hytasal y Fertiberia , cuyas diligencias ya se han iniciado, la veintena de piezas a la espera de instruirse afectan a ayudas que suman 101 millones de euros. Sobre ellas acecha la sombra de la prescripción.
La Fiscalía Anticorrupción fijó hace un año que para subvenciones que superan los 450.000 euros, la malversación de fondos públicos tarda 15 años en prescribir desde la fecha en que se efectúa el abono. Por debajo de esta cuantía, la persecución del delito decae a los diez años. La principal crítica que el TSJA hacía a Alaya era que su instrucción resultaba interminable. Pero, a diferencia de Núñez, la primera instructora desplegó una actividad «incansable» –como ella misma la definió– encargando atestados a la Guardia Civil, solicitando documentación y tomando declaraciones. A excepción del ERE de la Faja Pirítica, donde también participó el Gobierno central del PP, son contados los informes que ha pedido su sustituta sobre ayudas concretas. Incluso está fijando citaciones para declarar en 2019.
Entre tanto, la prescripción ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Advertida varias veces por la Fiscalía, Núñez ha archivado 25 causas contra beneficiarios y ex cargos, cuyas conductas quedarán impunes por el mero paso del tiempo.
En todos los casos se trata de subvenciones que se concedieron «con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos», según el auto con el que el juez de apoyo, Álvaro Martín, dio por terminada la instrucción de la pieza política. Hay otras cuatro causas a la espera del juicio oral. Afectan a las empresas Acyco, Surcolor y Cenforpre, así como a las ayudas que dio el exdirector Javier Guerrero a su chófer y que g astó en regalos y cocaína.
El riesgo de impunidad
La otra sombra que se proyecta sobre el caso ERE es la exclusión masiva de ex altos cargos de piezas por la magistrada. En un recurso que elevaron al Tribunal Constitucional (TC), los letrados de la Junta lamentaron que la corrupción en la gestión de las ayudas generó un «enorme quebranto» a las arcas públicas y que sus derechos para perseguir hechos delictivos estaban siendo «cercenados» al no poder acusar a políticos. El TC no les dio la razón. El detonante de este inquietante golpe de timón al caso ERE es un auto de la Sección Séptima de la Audiencia que establece que si un ex alto cargo está encausado en la pieza política no puede ser enjuiciado por cada una de las ayudas de manera independiente. Asumiendo este criterio, la juez está apartando a ex altos cargos de todas las piezas donde estaban imputados.
La Fiscalía, el PP y la Junta están recurriendo sus exclusiones. Desde Anticorrupción han puesto el grito en el cielo: puede provocar un «intolerable espacio de impunidad» en el caso de corrupción más grave de Andalucía.
