Dos asociaciones de jueces cargan contra la Prensa por informar sobre la familia de la instructora del caso ERE

La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria han salido en defensa de la magistrada María Núñez Bolaños, después de que el PP haya pedido su recusación por sus vínculos familiares en la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía que está investigando, en una de las piezas desgajadas del caso ERE.

La censura de ambas secciones territoriales de las Asociaciones Judiciales en Andalucía no va dirigida contra el PP, que presentó la recusación. La diana de sus críticas son «determinados medios de comunicación», a los que acusa de difundir «noticias relacionadas con el ámbito personal y/o familiar de dicha magistrada pero totalmente ajenas a la investigación judicial del caso ERE» y que, a su juicio, « no tienen otra finalidad que poner en entredicho de manera infundada su labor profesional en una causa judicial enormemente compleja y con una gran proyección mediática».

El PP denunció que la cuñada de la juez Núñez, María Guija Villa, es técnico del área de control y seguimiento de la dirección de finanzas de IDEA, el ente de la administración paralela que investiga la magistrada. Núñez rechazó la recusación argumentando que no es parte en este procedimiento, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó rebajar la fianza de 30.000 euros impuesta por la juez al PP.

En el comunicado remitido a este periódico por las dos asociaciones no se entra en este asunto y se limitan a señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial « establece las causas de abstención y recusación, otorgando a las partes personadas y al Ministerio Público el cauce legal y procedimiental para hacerlos valer en el seno de un determinado procedimiento, reforzándose de esta manera las garantías procesales de cualquier ciudadano/a al derecho a un proceso justo y equitativo».

Pese a expresar «el máximo respeto al derecho constitucional a la libertad de información consagrada en el artículo 20 de nuestra Constitución», ambos colectivos piden «el máximo cumplimiento y respeto a la función jurisdiccional realizada por la magistrada, doña María Nuñez Bolaños en el marco de la instrucción del llamado caso ERE» y apoyan su imparcialidad e independencia.