Protesta por la promoción Isbylia, en Sevilla Este, que ocasionó un déficit patrimonial de 26 millones de euros
Protesta por la promoción Isbylia, en Sevilla Este, que ocasionó un déficit patrimonial de 26 millones de euros - J.J ÚBEDA

La antigua cúpula de la CEA se enfrenta a indemnizaciones millonarias

La administración concursal de la fundación de las VPO pide la calificación culpable para Santiago Herrero, Juan Salas, Antonio Carrillo y Dolmen

SEVILLAActualizado:

El desenlace final del concurso de acreedores de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE) puede suponer un duro revés para la antigua cúpula de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Los administradores judiciales —el letrado Jesús Borjabad de EY y el economista Antonio Moreno— han solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 2 que el concurso de la FDSE sea calificado como culpable y proponen, por ello, que el expresidente de la patronal (Santiago Herrero) y el secretario general (Antonio Carrillo), sean inhabilitados durante cuatro años «para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona».

También se solicita que se imponga a cada uno de ellos el pago de una indemnización para la masa del concurso de 2,9 millones de euros. Tanto Herrero como Carrillo fueron patronos de la FDSE desde el nacimiento de esta fundación hasta la declaración de insolvencia en 2014. Para el exvicepresidente de la CEA, Juan Salas Tornero (que también estuvo en el patronato de la FDSE), se solicita una inhabilitación de tres años y una indemnización de 1,75 millones. La disminución de la cantidad con respecto a los otros dos patronos se debe a que abandonó la institución dos años antes.

La promoción Isbylia tiene un valor de 45,3 millones, pero las deudas llegaron a superar los 71,4 millones

La FDSE nació en 2007 en el seno de la CEA para hacer una promoción de 500 viviendas de protección oficial en Sevilla Este. La ejecución del proyecto se le encomendó a Dolmen Consulting a través de un contrato de dirección técnica y servicios profesionales que, en la práctica, dejó en manos de esta empresa todo el poder de gestión sobre la iniciativa (y sobre el crédito concedido por Bankia, que ascendió a 50 millones). El balance de la promoción Isbylia es demoledor, ya que los tres edificios que componen este desarrollo inmobiliario tienen un valor de 45,3 millones, pero las deudas acumuladas desde el año 2007 hasta la actualidad llegaron a superar los 71,4 millones, con lo cual el déficit patrimonial llegó a ascender a 26 millones de euros. Esta enorme desviación se explica porque la FDSE no ejerció ningún tipo de control sobre Dolmen, pues «se permitieron salidas de tesorería no justificadas para hacer pagos anticipados a Dolmen, que al incumplir sus compromisos contractuales provocó un retraso de las obras que agravó aún más la situación del proyecto».

Administradores concursales

De hecho, la negligente actitud de Dolmen ha llevado a que los administradores concursales identifiquen a esta empresa y al que fue su director general, Antonio González Lara, como cómplices de una actuación constitutiva de culpabilidad. Solicitan por ello una indemnización de 15 millones de euros por «los daños y perjuicios derivados de una actuación de imposible justificación económica».

El informe de calificación describe «la falta de control y rigor en la gestión» desde el nacimiento de la promoción de viviendas Isbylia, donde se le otorgaron amplios poderes a Dolmen, y los patronos «no actuaron diligentemente y ni ejercieron sus facultades de control con el rigor de un ordenado comerciante sobre las desviaciones presupuestarias y temporales que se originaron en el proyecto».

Este informe de calificación en el Juzgado de lo Mercantil número 2 es el primer paso a la hora de pedir responsabilidades. Ahora el informe debe ser trasladado al Ministerio Fiscal, que debe emitir su dictamen. Si el dictamen coincide en calificar el concurso como culpable, los deudores pueden oponerse y se abriría el proceso que llevaría a una vista judicial de la que saldría la sentencia, que es susceptible de apelación.