Anticorrupción pide 14 años de cárcel para Francisco Javier Guerrero y su chófer por las ayudas de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel para el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo en relación a las cuatro ayudas de los ERE fraudulentos por un montante total de 1.475.028,01 euros que el primero concedió al segundo y parte de las cuales supuestamente habrían ido destinadas a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público acusa a ambos de delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos, por los que les pide 14 años de prisión, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros.

De igual modo, y en el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía solicita seis años y tres meses de cárcel para el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares, y seis años de prisión para el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín.

Cabe recordar que la juez María Núñez Bolaños archivó la causa contra la madre y la mujer del exchófer de Guerrero, Estrella Blanco García y Juana Gallego Rico, respectivamente, porque no ha quedado acreditada la existencia de mínimos indicios de su participación en los hechos, aunque acordó traer a esta última al procedimiento como beneficiaria a título lucrativo por las ayudas que recibió su marido.

«Falsos proyectos de inversión»

El Ministerio Público relata que Guerrero y Trujillo, «personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado» al primero, a fin de «poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos» que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida 31L, «idearon inicialmente la constitución» de sociedades mercantiles «para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión».

La Fiscalía precisa que estas sociedades son Lógica Estratégica Empresarial, con domicilio social en Andújar (Jaén) y un capital social de 3.010 euros, e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, también con domicilio en Andújar y con un capital suscrito de 24.000 euros.

Al hilo, añade que Guerrero, «sin que conste ninguna solicitud de ayuda» por parte de ambas empresas y «sin la tramitación de expediente administrativo alguno», suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.

En ambos casos, y «para poder allegar» los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, «a sabiendas de su falsedad», se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General.

Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo, «de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron» que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, «sin fecha», para el emplazamiento de una granja avícola, «en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros».