Ex altos cargos de la Junta, a juicio por crear plantilla paralela de amigos y familiares de Javier Guerrero

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha decretado la apertura de juicio oral a los tres ex directores generales de Trabajo por crear una red paralela a la Consejería con 44 empleados, la mayoría de ellos amigos y familiares de Francisco Javier Guerrero, imputado en este caso y también en los ERE.

Concretamente, el juicio oral se abre para Guerrero, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera, los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina, y el administrador único de la empresa de informática Umax, Ulpiano Cuadrado, imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación en documento mercantil.

Estos seis acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 2.556.036 euros por las cantidades indebidamente percibidas desde 2003 a 2010, respondiendo de dicha cantidad subsidiariamente la empresa Umax.

La juez acuerda también declarar nulos los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Según se señala en el auto, «no procede la apertura de juicio oral por delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude de subvenciones, pues ello no fue determinado en el auto de procedimiento abreviado», según han informado fuentes del TSJA.

La jueza considera que Umax cobró de la Junta de Andalucía 1.168.554 euros por doce trabajos realizados entre 2003 y 2010.

Ante la imposibilidad de continuar pagando los salarios, la empresa despidió a los trabajadores, que fueron integrados inmediatamente en la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y el Empleo (FAFFE) y algunos pasaron en 2011 al Servicio Andaluz de Empleo, donde siguen trabajando, señala la instructora.

El caso se empezó a investigar tras la denuncia presentada en 2013 por la Junta de Andalucía una vez que recibió una reclamación de 1,5 millones de euros del administrador de Umax por supuestos impagos entre 2007 y 2010.