«Ahora sabemos a qué se destinaba el dinero de la formación», denuncia el PP

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado este lunes que casi mil millones de euros destinados por la Junta a los cursos de formación para el empleo entre 2002 y 2012 están «en el limbo», ya que 386 se quedaron sin ejecutar y otros 539 están sin justificar. López ha indicado que no se sabe dónde está el dinero, si en un cuenta corriente o en un caja fuerte. Lo que es evidente, ha apuntado, es que una parte de los millones sirvieron para pagar seguros de entierros, facturas de supermercados y el sueldo de camerareos, en referencia a la información publicado por ABC. «Ahora sabemos a qué se destinaba el dinero de la formación», ha enfatizado.

La dirigente popular, que ha comparecido en rueda de prensa, ha criticado a la Junta por mostrarse reacia al envío de la documentación a la comisión de investigación parlamentaria sobre la formación, y ha resaltado que la información requerida por los grupos políticos igualmente están en un cuarto y la llave la tiena la presidenta, Susana Díaz.

En este encuentro informativo, López no ha ocultado su preocupación por el hecho de que se quiera cerrar la investigación en falso, para no saber el alcance del fraude, y eso después de haber estado vetada la formación desde hace tres años, ha lamentado.

En cualquier caso y ante una nueva etapa en la que se impartan cursos de formación, la secretaria general del PP-A ha tendido la mano al PSOE para diseñar un modelo basado en una serie de puntos, «para que la formación vaya a los deempleados andaluces y no terminen en los juzgados o sea materia de confrontación».

El PP propone una planificación estratégica plurianual con la prticipación de los agentes sociales, entre ellos las asociaciones de autónomos y de economía social; que el modelo sea coherente con las necesidades actuales; que se acompañe de una evalución de la calidad y del impacto real; que cuente con un «cheque» formación para decidir el desempleado la formación y la entidad que la debe prestar; garantizar la concurrencia competitiva, y que se prohíba la subcontratación.