El agujero de la Formación en Andalucía deja cientos de millones dilapidados sin culpables políticos

Lo dejó caer Francisco Javier Guerrero el 20 de marzo de 2013 en un interrogatorio de tres horas ante Mercedes Alaya que terminó con el exdirector general de Trabajo de la Junta entrando en un furgón policial camino de la cárcel: «Lo mío no es nada comparado con la formación». Si la partida de los ERE que él manejaba estaba dotada de 54 millones de euros al año, no tenía ni punto de comparación con los 290 millones anuales que nutrían la opulenta hucha de los cursos.

Pero, mientras la red corrupta del caso ERE va a sentar en el banquillo a 26 miembros de la antigua nomenclatura autonómica, empezando por dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los cientos de millones de euros dilapidados en cursos van a quedar impunes.

Judicial y políticamente. La juez María Núñez Bolaños archivó en octubre la causa abierta contra 24 ex altos cargos andaluces, entre ellos los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio. Allí donde Alaya atisbó una «red de clientelismo político» tejida en torno a los fondos que distribuía el poder, su sucesora no vio más que meras «irregularidades administrativas» sin trascendencia penal.

En la comisión de investigación creada en octubre en el Parlamento andaluz, el asunto también ha quedado reducido a un cúmulo de «desórdenes, incidencias e irregularidades», eufemismos utilizados por el presidente de estas pesquisas, Julio Díaz (Ciudadanos), para eludir la palabra fraude y no incomodar a su aliado socialista en la Cámara.

El dictamen final elaborado por el partido naranja pone el listón de responsabilidades en Chaves y Griñán, que ya han penado su implicación en los ERE con una jubilación forzosa que pone un triste epílogo a su dilatada carrera política. Pero el desacuerdo entre los partidos sobre las conclusiones augura otro cierre en falso de la comisión. Como sucedió con los ERE, todos los responsables pueden verse exonerados de culpa.

Volviendo al punto de partida, el comentario de Guerrero no pasó desapercibido para la antecesora de Núñez al frente del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Acostumbrada a escarbar en lugares donde nadie había removido nada, Alaya abrió una investigación sobre la responsabilidad penal de altos cargos de la Consejería de Empleo.

El negocio de la formación, en efecto, movía cifras apabullantes. Entre 2000 y 2012, el Gobierno autonómico gestionó 2.900 millones de euros para luchar contra una tasa de paro que, con o sin recesión, sigue instalada diez puntos por encima de la media nacional. El agujero podía ser enorme. En julio de 2014, el director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, reconoció a la Guardia Civil que la Administración tardaba años en revisar las facturas para acreditar la veracidad de los cursos. Entraba más dinero del que podían gestionar los funcionarios. Los pícaros y estafadores vieron el campo abierto para defraudar.

Pese al doble cerrojazo al fraude de los cursos, es innegable que la falta de diligencia de la Junta y la codicia de numerosos beneficiarios de ayudas han provocado la pérdida de más 600 millones de euros, según un cálculo prudente, entre reclamaciones de ayudas y fondos devueltos a Bruselas para poner en marcha políticas activas de Empleo. A finales de 2016, el consejero de Empleo reconoció en el Parlamento que había iniciado reintegros que ascendían a 143 millones de euros. Sólo se han recuperado 7,6.

A este agujero se suman 463 millones que la Junta no fue capaz de gastar en políticas activas de empleo entre 2012 a 2015. En 2011, la aparición de las primeras irregularidades le llevó a paralizar las convocatorias de ayudas para los cursos de formación. El futuro de más de un millón de desempleados quedó hipotecado desde entonces hasta hoy.

En 2014, mientras los españoles se echaban a la calle para ver los pasos de Semana Santa, el escándalo saltaba a los titulares de los periódicos. Meses después, la Policía Nacional realizaba una tumultuosa redada entre empresas beneficiarias de subvenciones para cursos con compromiso de contratación, conocida como «operación Edu». Las irregularidades se extendían como un sarcoma por la columna vertebral de Andalucía. En academias, empresas y consultoras funcionaba un modus operandi similar: cursos que no se hacen y que agujerean las arcas públicas; firmas de asistencia falsificadas; diplomas que se dan de cursos en los que no se ha participado, contratos que no se realizan…

En el verano de 2013, el caso de las supuestas facturas falsas de la federación regional de UGT, que acumula 19 investigados, avivó una sospecha instalada desde hace décadas: que el dinero de los parados había servido para financiar a los sindicatos y la patronal bajo los fuegos artificiales de unos acuerdos de concertación impulsados por la Junta para asegurar la paz social y la estabilidad política a la hegemonía del PSOE.

Concertación social

La precariedad del mercado laboral fue una coartada perfecta para inyectar fondos para la formación y la orientación de parados en Andalucía. Solo UGT-A recibió 102 millones entre 2009 y 2011 para cursos. La CEA, UGT y CC.OO. siguen siendo hoy los interlocutores fijos de Susana Díaz en la mesa del diálogo social que ha recuperado su brío.

La llegada de Núñez al Juzgado, tras la marcha de Alaya a la Audiencia de Sevilla, dio un giro de 180 grados al caso Formación. Las lanzas contra la Junta se tornaron en cañas. El PP se quedó solo defendiendo las tesis de la anterior instructora. Con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, la instructora dio carpetazo a la rama política, centrada en el método de concesión, tramitación y justificación de las ayudas por el Servicio Andaluz de Empleo.

Núñez jibarizó las macrocausas. Fragmentó en nueve partes el sumario de los cursos. Además de la pieza política, abrió diligencias para averiguar el destino de 33,3 millones de euros que la Junta entregó en ayudas excepcionales al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda para contratar y formar a extrabajadores de la factoría de automoción Delphi, ubicada en Puerto Real.

Pero en su poda, Núñez dejó muchos flecos sueltos. Rechazó investigar, a instancias del PP, los 101 millones repartido entre 45 empresas vinculadas a cargos del PSOE o familiares. Se olvidó de indagar en el resto del dinero, hasta completar 106 millones de euros, enterrados en el compromiso político de la Junta con los ex Delphi. Aparcó también las pesquisas de la Guardia Civil sobre CC.OO. y la patronal andaluza.

La instrucción de la pieza política se fue desinflando a medida que testigos e imputados pasaban por su juzgado. Las preguntas de la magistrada a los interventores autonómicos apuntaban en una sola dirección: reducir los delitos de malversación y prevaricación a meras irregularidades. Ni corrupción estructural ni trama de dependencia en torno al núcleo de poder. Ni nada de nada.

Para ser justos, no sólo ella piensa así. Jueces de Jaén, Almería, Granada, Málaga y Huelva han archivado 25 causas abiertas contra empresas de formación. Pero, al mismo tiempo, un juez de Huelva ha procesado al exdelegado de Empleo en esta provincia Eduardo Muñoz.

Con el PP, Podemos e Izquierda Unida apuntando sus «cañones» hacia la presidenta Susana Díaz en la comisión de investigación del Parlamento, el carpetazo de la pieza política supuso un bálsamo para el Gobierno andaluz. El caso Formación había pasado a la historia. El fraude a los parados quedará impune.