La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro - EFE

Las 35 horas de los funcionarios de Andalucía, pendiente de la suspensión cautelar

El Gobierno debe decidir si frena la ejecución de la norma ante el Constitucional y estudiará la reducción de jornada en 2018

SEVILLAActualizado:

Tres días después de anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la implantación de las 35 horas semanales en Andalucía, el Gobierno central se muestra dispuesto a estudiar sector a sector la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos en el conjunto de Administraciones públicas.

Tras reunirse con los representantes sindicales de CSIF, CC.OO. y UGT para analizar los efectos de esta impugnación, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, interpretó este movimiento de ficha como un gesto de buena voluntad del Ejecutivo central, pero, a su juicio, insuficiente si no va acompañado de una renuncia expresa a pedir la suspensión cautelar de la norma autonómica. Es en este punto donde están depositadas ahora las expectativas de la Administración y los trabajadores.

La Junta pide al Gobierno que actúe de forma distinta de como lo hizo con iniciativas similares aprobadas en Castilla La Mancha y País Vasco, donde solicitó al TC dejarlas sin efecto hasta tanto se resolvieran los recursos. El Constitucional dio la razón al Gobierno y anuló la norma manchega. La Justicia vasca hizo lo mismo con el decreto del Gobierno de Íñigo Urkullu. Con estos precedentes, a sabiendas de que el Estado había recurrido ya el regreso a las 35 horas, la Administración andaluza tiró por la calle de enmedio y puso en marcha la nueva jornada de trabajo.

Tras una reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que presidieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, especificó el pasado lunes que esta modificación no se haría con carácter general. Hay que ver «dónde se puede aplicar y dónde no», indicó. Tampoco vería la luz antes del próximo año, toda vez que debería tener encaje en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Bermúdez de Castro dejó claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe cumplir la ley y esa obligación pasa por interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la norma andaluza que estableció la reducción de jornada laboral para sus funcionarios con efectos desde el pasado 16 de enero con el argumento de que invade competencias estatales. En concreto, el decreto autonómico conculcaría los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que estipularon la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 37,5 horas.

En ningún país de Europa

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, contestó ayer a la Junta que no existe «ningún país de Europa» del entorno de España donde los funcionarios trabajen 35 horas. En un coloquio organizado por Unicaja y diario SUR en Málaga, el ministro defendió que España debe «tener cierta homogeneidad en el planteamiento respecto a los funcionarios en el conjunto» del país.

Con todo, la combatividad mostrada por el Ejecutivo andaluz nada más conocer el anuncio del recurso por el último Consejo de Ministros -apurando el plazo legal que tenía- ha dado paso a una llamada a la capitulación. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, recordó las palabras de Cristóbal Montoro en el seno de la comisión de seguimiento en el sentido de que «intentará evitar la conflictividad».

«Una medida para evitarla es que no se eleve el recurso de suspensión cautelar» para «dar credibilidad a lo que se ha dicho». En esta tesis está también la consejera María Jesús Montero, quien afirmó que a jornada laboral nunca ha sido igual en el conjunto de las comunidades porque sólo Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y País Vasco regularon las 35 horas.

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF en Andalucía hacen frente común con el Ejecutivo andaluz para reclamar al Estado que no obligue a suspender la norma autonómica. No descartan medidas de presión ante «el malestar» y «la preocupación» existente tras el anuncio del Gobierno central. Las espadas están en alto.