Costa del Sol

La sombra del caso Algarrobico se proyecta sobre la venta de Puerto Banús

Los inversores reclaman garantías de nuevos desarrollos urbanísticos y asegurar la prórroga de la concesión

Atraques en la marina de Puerto Banús
Atraques en la marina de Puerto Banús - J.J.MADUEÑO

Los propietarios de Puerto Banús tienen un acuerdo verbal con un inversor suizo para traspasar la concesión, pero nadie se mueve. Todo está en «stand-by», aseguran desde la propiedad. No se desvelan las cifras del negocio, aunque hay quien se ha aventurado a vaticinar que podría estar en torno a los 200 millones.

El capital chino-suizo está interesado en hacerse con el mayor conglomerado del lujo de Marbella. El principal destino de lujo de Andalucía y el lugar donde más firmas de alta gama hay por metro cuadrado del mundo. Pero antes tienen unas exigencias que condicionarán la firma del acuerdo final. Las más complicadas son las que denomina «motivos ambientales». La venta está bloqueada a la espera de que la inversión se pueda hacer con seguridad y no tenga problemas a posteriori con las leyes el litoral y un futuro desarrollo del proyecto, como ya pasara con el mediático caso del Algarrobico.

Según la concesionaria, Puerto José Banús S.A., la entidad inversora ha puesto como peaje para firmar el contrato que se le asegure la concesión de una ampliación de la zona portuaria. «Si el futuro comprador lo promueve se tramitará», asegura la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Una respuesta que no implica seguridad, pese a ser el organismo competente en este aspecto. El gobierno andaluz avisa también que ya «se le comunicó al actual concesionario que puede tramitar una ampliación, pasando siempre el trámite ambiental y técnico». Un trámite que la propia encargada de la gestión reconoce que entraña «demasiadas complicaciones».

«La ampliación no sólo tiene que cumplir las normativas andaluzas y las estatales de la Ley de Costas, sino también los pliegos legales europeos», explican en la empresa gestora de Puerto Banús. Una normativa ante la que nadie se atreve a dar un paso previo para asegurar la ampliación porque «puede pasar que luego la Unión Europea tumbe el proyecto y nadie quiere un nuevo caso como el Algarrobico», explica la concesionaria.

El problema para la ampliación del puerto radicaría en que, para ajustarse a todas las normativas, habría que hacer una ampliación de la zona portuaria en la que no se incluirían desarrollos urbanísticos. Con este modelo se eliminaría la posibilidad de construir residenciales o el hecho de instalar lujosos hoteles junto a los atraques. «Sólo se podrían hacer más atraques y eso no es lo que genera las grandes cifras económicas», aseguran desde la concesionaria.

Una ampliación que es condición «sine qua non» para que la compra se produzca. Y lo es por motivos de mera supervivencia del modelo. Muchos de los atraques del puerto son propiedad de los dueños de las embarcaciones, por lo que los ingresos por el alquiler se han visto reducidos con los años. La ampliación de la zona de muelles daría un balón de oxígeno a los nuevos inversores y ayudaría a rentabilizar una inversión que se antoja millonaria y complicada. Pero aun así no sería suficiente. Las grandes cifras económicas las dan los locales comerciales, las firmas de lujo y las grandes cadenas hoteleras. Sin poder desarrollar este tipo de oferta en torno al puerto la rentabilidad se resiente. Y hasta ahora nadie se atreve a «dar seguridad» a este tipo de proyecto por «la normativa ambiental europea».

Por otro lado, los inversores quieren que se les asegure también la concesión de explotación del puerto al menos por el tiempo que le queda a la actual concesionaria. «Nadie se fía de la posibilidad de que se puedan rebajar los años de concesión y que, por tanto, la empresa que compre no pueda rentabilizar la inversión por falta de tiempo», aseguran en Puerto José Banús S.A. «El título concesional de Puerto Banús es de 99 años y, por tanto, terminaría dicha concesión en 2068», explica la Consejería de Fomento, donde aseguran que no saben cómo podrán atajar la «renovación y ampliación de dicha concesión por la reforma de la Ley de Costas».

El gobierno andaluz está a la espera de una respuesta a una consulta hecha a la Dirección General de Costas en marzo. La Consejería de Fomento explica que envió un documento en el que se planteaba, según la administración andaluza, que «ante la solicitud de Puerto Banús indicasen el plazo exacto de finalización de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988». La Junta informa de que «no se tiene constancia de respuesta a esta misiva». «Hasta que no haya un gobierno en España no sabremos hasta qué año está la concesión para la gestión del puerto y no se desbloqueará este asunto», lamentan en la empresa concesionaria.

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