Escolta a caballo en la llegada de los novios
Escolta a caballo en la llegada de los novios - ABC
DENUNCIA A FISCALÍA

El PP de Marbella llevará a la Fiscalía el tema del cortejo a caballo en la boda del «amigo del alcalde»

Cinco agentes de la Policía Local, dos de ellos montados, escoltaron a un conocido socialista de la ciudad el día de su enlace

MARBELLA Actualizado: Guardar
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El Partido Popular de Marbella remitirá a la Fiscalía Anticorrupción el expediente sobre la guardia montada en la boda de un militante socialista «amigo del alcalde». Los populares aseguran que «debe ser el Ministerio Fiscal quien determine si ha habido una presunta prevaricación» en todo lo sucedido. Félix Romero, concejal popular de la ciudad, acusa al gobierno local de que el expediente informativo, «que supuestamente el tripartito puso en marcha», para conocer los pormenores del caso «ha sido convenientemente archivado».

Este expediente, que será puesto en manos del fiscal, detalla que el jefe de la Policía Local asegura que «la presencia de escuadrones de la Policía montada en bodas es práctica inveterada». «Es absolutamente falso que existían vínculos familiares de los contrayentes con el cuerpo de la policía», remarca Félix Romero, quien explica que el vínculo «se limita al jefe de Policía».

El informe municipal que el PP llevará a Fiscalía asegura que «en esta zona del casco antiguo el escuadrón de caballería tiene presencia habitual». «Es otra falsedad», afirma Romero.

Los hechos sucedieron el pasado 3 de junio. Cinco policías vestidos de media gala escoltaron a Daniel García Andreu y su ahora esposa hasta el Ayuntamiento de la localidad, donde el alcalde, José Bernal, ofició la ceremonia civil por la que contrajeron matrimonio. La polémica se suscitó y, sobre todo, porque dos de los agentes acudieron montados a lomos de los caballos de titularidad municipal. Estos agentes, que abrieron el cortejo nupcial en el que el padrino era el jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, fueron el principal foco de las críticas. Se acusó al equipo de gobierno –parte del mismo presente en el enlace– de hacer un uso indebido del material de la Policía Local y de varios delitos. Unas acusaciones que ahora tendrá que dirimir la propia Fiscalía.

«Hemos pedido que se explicasen, se disculpasen y exigieran responsabilidades», aseveró Romero, quien explicó que por respuesta sólo tuvieron «la incoación de un expediente farsa». Y es que, hasta ahora, las explicaciones municipales tampoco han aclarado el asunto y lo han enredado cada vez más.

En una primera instancia el tripartito aseguró que eran los policías los que estaban allí por «voluntad propia». Horas más tarde el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que culpaba al jefe de la Policía Local, pero le eximía de responsabilidades. Un día después de la segunda versión abría el expediente, que ahora se pondrá en manos de la Fiscalía, para ver si había que depurar responsabilidades. Al final todo apunta a que tendrá que ser el fiscal el que aclare todo el asunto.

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