Inundaciones en la zona del Guadalhorce, estación Cártama
Inundaciones en la zona del Guadalhorce, estación Cártama - FRANCIS SILVA
INUNDACIONES

Málaga sigue sin arreglar la gotera que causó las inundaciones de 2016

Las medidas no acaban de concretarse en la provincia que esta semana ha vuelto a registrar incidencias en la comarca de Antequera

MÁLAGAActualizado:

Si llueve sobre Málaga, suena el teléfono en Emergencias. Entra dentro de lo cotidiano. Siempre se produce un aluvión de incidencias. Sin embargo, las diferentes administraciones siguen sin atajar el problema. Un año después de las dramáticas inundaciones que el 4 de diciembre de 2016 costaron la vida a una chica, encerrada en el sótano de un club de alterne de Estepona, todo sigue igual. En la memoria está la imagen de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, sobre un barranco en Marbella —que sigue en el mismo estado— o del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en el centro de coordinación de Protección Civil. Se recuerdan las promesas de soluciones que no han llegado, cuando se han vuelto a reproducir los problemas y un arroyo anegó esta semana en Campillos parte del municipio, teniendo hasta que suspenderse las clases.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, cifró las inversiones necesarias en la capital entre 25 y 40 millones euros, pero poco se ha hecho para que los polígonos industriales no se conviertan en lagunas. El río Guadalhorce sigue sin tener la solución definitiva. La adecuación del puente de la Azucarera a las dimensiones del encauzamiento de la desembocadura del río continúa siendo una pelota de unos 60 millones de euros que vuela de administración en administración. La última novedad es que la Junta pedirá al Gobierno de España que acometa la obra, cuando ést ya dijo que era competencia municipal.

Polígonos inundables

Mientras tanto, en los polígonos los propietarios de los negocios siguen quejándose de las balsas y los problemas que acarrea la lluvia, pese a que el Ayuntamiento expone actuaciones de drenaje o de mejora de las redes de alcantarillado para evitar los embalsamientos de agua. El Consistorio ha presentado un plan para crear nuevos colectores y pluviales que encaucen un mayor volumen de agua cuando llueva, pero hasta entonces las piscinas seguirán llenando las calles. Y lo harán, por desgracia, en gran parte de la provincia, ya que la limpieza de los cauces es una asignatura pendiente.

La Junta asegura haber gastado en dos años 2,4 millones de euros actuando en 104 cauces de la provincia. Pero los ayuntamientos del Valle del Guadalhorce, la capital y la Costa del Sol siguen quejándose a la espera de ver sus arroyos y ríos limpios de obstáculos que provocan los desbordamientos, pese a ser el principal foco de la catástrofe. El recuerdo del helicóptero rescatando personas de los tejados o con el agua por el pecho porque el río Guadalhorce provocó una riada al salirse de su cauce sigue vigente un año después y con la posibilidad de clonar el problema en otros puntos con otros caudales. Las zonas más afectadas por las inundaciones siguen con sus torrentes en el mismo estado y con la negativa de Medio Ambiente a los gobiernos municipales para que puedan actuar, al menos, en los puntos con más riesgos de desborde.

Lo que sí pareció más claro aquellos días era que todos los desperfectos iban a ser subsanados con líneas extraordinarias de financiación a las áreas afectadas. Junta y Gobierno anunciaron un paquete de ayudas con dispar suerte. El Gobierno andaluz ha cumplido hasta el momento. Las ayudas de emergencia para reparar daños y prevenir en zonas de riesgo se pagaron a principios de año a los diferentes consistorios, que están pendientes de la justificación antes del 31 de diciembre.

El Ejecutivo central también cumplió en parte. Antes de la temporada alta del turismo invirtió 4,7 millones de euros en arreglar las playas. Medida que salvaguardó la calidad de la principal fuente de ingresos de la provincia. Sin embargo, las ayudas de emergencia y para infraestructuras no acaban de llegar un año después. El proceso es lento y se convierte en arma política. Las de emergencia están en tramitación y para las de infraestructuras se acaba de abrir el plazo en toda España para pedir parte de los 77 millones de euros que el Gobierno consignó.