Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas, con Albert Rivera antes de un acto de Ciudadanos / J.J.M.
Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas, con Albert Rivera antes de un acto de Ciudadanos / J.J.M.
INVESTIGACIÓN

Un juez investiga al alcalde de Mijas (Ciudadanos) por el sueldo que dio al concejal de Podemos

El caso proviene de una denuncia del Partido Popular por prevaricación, apropiación indebida y malversación

MIJAS Actualizado: Guardar
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La mancha sobre la política de Mijas sigue en expansión. El último episodio afecta al propio alcalde de la ciudad, Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), y al único concejal de Podemos en el municipio, Francisco Martínez Ávila, que están siendo investigados por el Juzgado Número 1 de Fuengirola por una denuncia de «prevaricación y apropiación indebida» impuesta por el Partido Popular. En la querella penal se acusaba a ambos políticos de estar cometiendo un presunto delito de «malversación de fondos públicos» por el decreto de Alcaldía con el que se concedía al edil morado una liberación exclusiva de 42.000 euros, sin cargo ni atribuciones. La juez encargada del caso pidió el pasado 7 de abril al Ministerio Fiscal que se abrieran diligencias de investigación sobre este asunto y solicitó el pasado 20 de abril información a la Secretaría del Consistorio sobre la remuneración.

En la providencia de la magistrado, se solicita al secretario del Ayuntamiento que «informe sobre el nombramiento, toma de posesión, cargo y funciones que ocupa, horario laboral y demás circunstancias laborales existentes respecto de Francisco Martínez Ávila». La denuncia investigada se fundamenta sobre una falta de regulación municipal para habilitar este tipo de remuneraciones y que la haría ilegal. La querella reseña que la imposición económica se regiría por el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de Andalucía, que no contempla asignaciones por representación.

Este reglamento regional sólo habilita –según los populares– a los miembros de la corporación para cobrar un sueldo en el caso de tener atribuciones. Sin embargo, como detalla el escrito, en el acuerdo del salario a Francisco Martínez no se expone el desempeño de ningún cargo. Sólo se reseña: «Atribuir al concejal D. Francisco Martínez Ávila un cargo en régimen de dedicación exclusiva con una cuantía bruta anual de 42.000 euros». Los populares alegaron que hay creada jurisprudencia al respecto, ya que una sentencia del Tribunal Supremo en 1991 dictaminó que este tipo de remuneraciones «no deben establecerse en atención a representación política, sino según la representación legal y funciones y trabajos que los miembros de la Corporación desempeñan a favor de la misma».

La juez requirió el pasado 20 abril al denunciante, Ángel Nozal, presidente del PP de Mijas, para efectuar el apoderamiento del apud-acta. Tras la firma, dio plazo para interponer recursos y notificó la investigación a todas las partes, como reseña el auto, antes de dictar la providencia por la que se requiere toda la documentación sobre la aprobación de este sueldo municipal. Ahora la juez, en base a la documentación aportada y a las diligencias encargadas al Ministerio Fiscal, deberá dirimir sobre la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, apropiación indebida y malversación de fondos, este último, si no se procede a la devolución de las cantidades «indebidamente cobradas», según la querella.

El citado sueldo nunca ha estado exento de polémica. El propio Martínez Ávila reconoció que cobraba del Ayuntamiento de Mijas  para poder llevar a cabo los pleitos que tiene abiertos contra el PP. «Con este dinero es con lo que pago los abogados de las cuatro causas –ahora cinco– que tenemos abiertas contra el Partido Popular», declaró Martínez a ABC. La querella se produce después de que el propio Martínez Ávila denunciara a Ángel Nozal por «amenazas y coacciones», tras comunicarle el popular la existencia de esta querella y ofrecerle no presentarla si firmaban la paz. Una conversación que se conoció por las grabaciones filtradas en las que, a la vuelta de esa reunión, un concejal del PP de Mijas, Santiago Martín, ofrecía trabajo al concejal de Podemos a cambio de firmar una moción de censura.

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