Teresa Rodríguez en el Parlamento andaluz
Teresa Rodríguez en el Parlamento andaluz - ABC
PODEMOS

Un juez decidirá si la elección de Teresa Rodríguez como líder de Podemos Andalucía fue legal

El tribunal acepta las pruebas presentadas por antiguos ediles de la formación morada en la Costa del Sol contra el proceso de primarias en noviembre de 2016

MÁLAGAActualizado:

El proceso judicial sobre la elección de Teresa Rodríguez como secretaria general de Podemos Andalucía sigue adelante. El juez de Instrucción 17 de Málaga decidió señalar el juicio para el próximo 12 de julio. Tendrá que decidir sobre si las primarias del partido, donde Rodríguez revalidó el liderazgo dentro de la formación en 2016, se hicieron con todas las garantías democráticas que exige la legislación española. El magistrado aceptó las pruebas aportadas por varios concejales de Costa del Sol Sí Puede, que demandaron a la formación porque los procesos electorales internos de ese año y los sucesivos no habían sido limpios.

En la citada demanda civil solicitaron que se revoquen los efectos de estas primarias, como sería el nombramiento de Teresa Rodríguez como secretaria general del partido, cargo que ahora se llama coordinadora general. En octubre de 2015 el comité de garantías democráticas de Podemos Andalucía se disolvió por la dimisión de sus miembros, por lo que se perdió el organismo que debe velar, según la legislación, por la limpieza del proceso de primarias.

Sin garantías democráticas

Un grupo de militantes, entre los que se encontraban los portavoces municipales Francisco Martínez (Mijas) y Pedro Pérez (Fuengirola), junto con Félix Gil, secretario general de Costa del Sol Sí Puede en Benalmádena, exigieron el nombramiento de un nuevo comité que garantizara unas primarias sin amaños. Esto no se produjo. El comité, que debía velar por la limpieza del proceso, se nombró de forma simultánea a la Secretaría General en la II Asamblea Andaluza el 9 de noviembre de 2016.

Los ediles díscolos denunciaron entonces que el proceso no había sido limpio y que sin este comité se produjeron prácticas irregulares que quedaron impunes y favorecieron a Rodríguez para que la formación Anticapitalistas gobernara el partido. Podemos, por su parte, como reveló ABC, alegó al juez que la facción andaluza «no existía» como tal y por la limpieza de las primarias en Andalucía velaba el comité estatal.

Incompatibilidad

Sin embargo, en la vista previa, Jordi Ventura, letrado de los ediles díscolos, ha presentado una denuncia por parte de Francisco Martínez, uno de los denunciantes, en la que alerta, antes de convocarse las primarias, que Teresa Rodríguez no podía ser candidata por incompatibilidad. El edil de Costa del Sol Sí Puede ponía en conocimiento del comité de garantías que la candidata estaba afiliada a dos formaciones políticas y que no podía optar a la reelección, según los estatutos.

El comité no actuó hasta pasadas las elecciones. La acusación ha presentado un documento en el que responden con el archivo de la denuncia de Martínez en marzo de 2017. Lo hace el comité elegido a la vez que la Secretaría General en noviembre de 2016, pese a que la denuncia es previa.

Los denunciantes creen que este hecho prueba que no hubo garantías para las elecciones y que debe ser revocado por el tribunal el resultado de las primarias, para volver a convocarlas. «Si hubiera existido, una acusación tan grave se hubiera investigado o archivado antes del proceso y no meses después», sentencia Ventura.

Agresiones impunes

Pero no es la única prueba. En la demanda ya se adelantaba que, durante la campaña electoral para las primarias, se produjeron situaciones de coacción, acoso y derribo, amenazas y «bullying» desde ciertos sectores del partido hacia los afiliados, cargos públicos o internos para eliminar la oposición a Teresa Rodríguez y Anticapitalistas.

Se narran casos como el de Trinidad Ortega en Jaén, que denunció ante la Policía Nacional el acoso que sufría sin que ningún comité tomara cartas en el asunto. Por lo que, se presentan estos hechos como muestra de la no existencia de un organismo, que es obligatorio por ley, para que las elecciones discurrieran por sus cauces normales