Trabajadores concentrados el jueves en la puerta de Turismo Andaluz, en Málaga
Trabajadores concentrados el jueves en la puerta de Turismo Andaluz, en Málaga - ABC

Izquierda Unida infló los sueldos a la plantilla de Turismo Andaluz

Intervención de la Junta obliga ahora a devolver lo cobrado de más a 30 de sus empleados, que creen consolidados sus derechos

MÁLAGAActualizado:

«Al turismo una sonrisa y al currante se le pisa». «Javier, Fernández, Turismo está que arde». Son los gritos de protesta de alrededor de una treintena de empleados de la empresa pública Turismo Andaluz que están que trinan con una decisión de la sociedad que les va a afectar económicamente de manera determinante.

¿Qué motiva su enfado? Un drástico recorte de sus emolumentos y la exigencia de la empresa de devolver unas cantidades que han estado cobrando indebidamente en los últimos años.

Así al menos lo ha estimado la Intervención General de la Junta, que en enero de este año remitió a la empresa satélite de la Consejería de Turismo un informe en el que dejaba patente que a 30 de los empleados de la sociedad se les estaban otorgando funciones superiores a su categoría. Y, por supuesto, estaban cobrando por ellas.

El problema viene de largo. Concretamente desde los años en que Izquierda Unida gobernó el turismo de Andalucía. Merced al pacto que permitió a José Antonio Griñán seguir gobernando cuando el Partido Popular de Javer Arenas logró su raquítica victoria electoral en 2012, la coalición copó las consejerías de Gobernación, Vivienda y Fomento y Turismo. El histórico dirigente comunista malagueño Rafael Rodríguez fue nombrado titular de este último departamento.

Su gestión, en líneas generales, estuvo alejada de las polémicas que sí sembró su compañera Elena Cortés especialmente en Vivienda. De puertas afuera pero también hacia adentro. Y la prueba de que no quiso tener ningún conflicto laboral se ha desvelado ahora, en que los actuales gestores de Turismo Andaluz, ahora gobernada por el PSOE, han tenido que arreglar el desaguisado.

En 2014, el año anterior a que Susana Díaz rompiera unilateralmente el pacto con la coalición y convocara elecciones, la dirección de la sociedad —entonces Francisco Artacho era el consejero delegado– firmó una resolución admitiendo que existían disfuncionalidades entre las tareas que desempeñaban realmente alrededor de tres decenas de empleados con su categoría profesional.

Según explicaron ayer los trabajadores, esta decisión se tomó después de que se realizase un estudio sobre las cargas de trabajo del personal que concluyó que, por necesidades de la empresa «y a requerimiento de sus supueriores», realizaban tareas que efectivamente no les correspondían.

Pero, según ha estimado la Intervención de la Junta, dicha medida se adoptó de forma incorrecta y con un «déficit de tramitación administrativa», explicó ayer el actual consejero delegado, Cristóbal Fernández. Es por ello que en febrero, tras recibir el informe, los trabajadores afectados dejaron de percibir los sobresueldos. «No puedo mirar para otro lado», explicó Fernández.

No sólo eso. Además, la empresa ha solicitado a cada trabajador que reintegre las cantidades recibidas de más durante el último año, único que no ha prescrito. Nada se dice de los ejercicios anteriores. Cada empleado tendrá que devolver así una media de 4.000 euros.

De momento, esta reclamación se ha hecho extrajudicialmente, pero la empresa no descarta recurrir a la Justicia, pues hasta ahora los trabajadores no han contestado al requierimiento de restituir el dinero cobrado de más. Los trabajadores han presentado una demanda contra la sociedad al entender que sus derechos están consolidados.