STARLITE

El festival Starlite negocia para irse de Marbella

Las promotoras anuncian que emprenderán medidas legales contra el Ayuntamiento por su «conducta obstaculizadora y contraria a la legalidad»

La cantera de Starlite en el concierto de Carlos Vives
La cantera de Starlite en el concierto de Carlos Vives - ABC
J.J. MADUEÑO Marbella - Actualizado: Guardado en: Andalucía Málaga

Starlite ya negocia su marcha de Marbella. El festival musical referencia del verano sopesa «de forma seria» el traslado a otra ciudad. «En este sentido, se han iniciado ya conversaciones con los gobiernos de otros municipios que han trasladado su interés en albergar las próximas ediciones», explica el festival en un comunicado, donde arremete contra el Ayuntamiento de la localidad de la Costa del Sol diciendo que las promotoras de este evento veraniego son conscientes de la «actitud obstaculizadora del actual equipo de gobierno municipal de Marbella» –comandado por el PSOE–. Sin embargo, los propietarios de Starlite se comprometen a preservar los puestos de trabajo de sus empleados y garantizan la continuidad del evento.

Los empleados han sido los primeros en levantar la voz. En la mañana del pasado viernes, los trabajadores de Starlite se manifestaron en Marbella contra las decisiones del equipo de gobierno que conforman PSOE, IU y los independentistas de San Pedro, sustentados por Podemos, principal auspiciador de las medidas que están llevando al festival a plantearse cambiar de localidad para el año que viene. Pese a que no se desvelan las ofertas que hay sobre la mesa, desde hace años es «vox populi» las pretensiones de Mallorca de hacerse con este evento. Aunque también hay ofertas en la zona. Como reconoció a ABC Sandra García-Sanjuán, presidenta de Starlite, algunos municipios de la Costa del Sol están interesados en quedarse con el festival. Será el consejo de administración de la entidad el que decida dónde se celebrará la próxima edición, que se aleja cada día más de Marbella.

Las promotoras de los conciertos siempre han demandado apoyo institucional para seguir en Marbella, pero en los últimos años ese soporte tiene fisuras. Máxime cuando el Consistorio le otorgó este año la licencia para la actividad dos días antes de la inauguración del festival y previo incremento del canon, que es en esta edición 17 veces superior a años anteriores. Pero tras una nueva inspección de la Policía Local, que acabó sin consecuencias –según el Ayuntamiento–, y la protesta de los trabajadores, el alcalde no ha mostrado el apoyo esperado con respecto a los horarios de cierre.

«Starlite tendrá en todo momento nuestro máximo respaldo dentro del cumplimiento de los horarios establecidos», aseguró el alcalde, José Bernal, tras la manifestación de los trabajadores, tras lo cual añadió que es un «evento muy positivo para la ciudad, que genera una importante proyección de la imagen de Marbella, pero debe cumplir en todo momento la ley al igual que el resto de lugares de ocio del municipio». Son las mismas exigencias que Podemos pone al equipo de gobierno sobre este evento y que el festival ve incongruentes al ser un evento de interés público que sólo dura 45 días. Tras el anuncio de Starlite, la formación morada sacó pecho de la presión que ejerce desde hace dos años sobre el festival y acusó a los promotores de hacer «declaraciones desleales y desagradecidas».

Por su parte, el festival anuncia que va a emprender acciones legales contra el Ayuntamiento. Los promotores han acordado hacerlo también a título personal contra los responsables municipales para defender los intereses del festival «frente a la conducta obstaculizadora y contraria a la legalidad que, por parte de esa Corporación, se viene observando». Starlite emprenderá una batalla judicial para demostrar jurídicamente que la catalogación dada por el Ayuntamiento al Festival en la edición de este año «no es conforme a derecho» y estaría amparada en «un régimen legal que no le es propio» y haciendo «depender de la voluntad del Ayuntamiento el cumplimiento del programa fijado». Las medidas legales irán aparejadas de una reclamación por los daños y perjuicios que «la postura del Ayuntamiento está generando».

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