Marisol Yagüe y Juan Antonio Roca durante un careo por el «Caso Malaya»
Marisol Yagüe y Juan Antonio Roca durante un careo por el «Caso Malaya» - EFE

El «Caso Malaya» obligará a 27 imputados a ingresar en prisión de forma inminente

Entre los afectados están Marisol Yagüe, exalcaldesa de Marbella, y el exjugador de fútbol Tomás Reñones

MÁLAGAActualizado:

La ejecución de la sentencia del caso Malaya contra la corrupción obligará a ir a prisión a 27 condenados de forma inminente, debido a que tienen condenas superiores a los dos años de cárcel.

El tribunal que juzgó el caso Malaya, el principal caso de corrupción en España, tiene previstola próxima semana notificar un auto de incoación de ejecución de la sentencia a todos los encausados, a los condenados y a los absueltos.

En dicho auto se dará un plazo de diez días a los condenados a penas superiores a dos años para que ingresen voluntariamente en la prisión que ellos elijan, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Entre las personas a las que se les requerirá su ingreso se encuentran la exalcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera el «azote» de Jesús Gil durante sus años de concejal socialista, Isabel García Marcos, y que fue expulsada del PSOE en el 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó al exalcalde de Marbella Julián Muñoz.

También tendrán que ingresar numerosos exconcejales de Marbella, testaferros del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, ya en prisión, y algunos empresarios.

Otro de los afectados es Tomás Reñones, que fue alcalde en funciones de Marbella desde la detención de Marisol Yagüe el 29 de marzo hasta la toma de posesión de la comisión gestora el 21 de abril de 2066

Reñones, de 45 años y natural de Santiago de Compostela, fue antes de dedicarse a la política jugador y capitán del Atlético de Madrid, club que presidió el exalcalde de Marbella Jesús Gil, ya fallecido.

Estos condenados previsiblemente entrarán en prisión de forma inminente aunque pueden optar por una última posibilidad como hizo en su día el abogado y expresidente del Sevilla José María del Nido.

El Código Penal en su artículo 4 prevé que un condenado por sentencia firme pueda solicitar al Tribunal que lleva la ejecución de la pena la suspensión de la medida carcelaria ante una solicitud previa de indulto.

De hecho, Del Nido no fue el primero en pedirlo en la Audiencia Provincial de Málaga; ya se han tramitado casos similares en otras ocasiones, como el abogado de origen chileno Fernando Del Valle por el caso «Ballena Blanca», considerada la mayor operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en España en aquel momento.

La petición de Del Valle solo retrasó un poco su ingreso en prisión, ya que días más tarde la Sala rechazó la solicitud al entender que no había razones que pudiesen justificar el acceso al indulto y en el caso de Del Nido también quiso entrar voluntariamente antes de que la Audiencia le diera un ultimátum.

Por otra parte, a los condenados a dos años o a penas inferiores (son 19 afectados) se les advertirá de que pueden presentar los correspondientes escritos de suspensión de pena, aunque también tendrán que cumplir otros requisitos como carecer de antecedentes penales y reparar el daño causado.

En el caso de estos condenados a penas inferiores a dos años, cuando presenten sus escritos de suspensión se dará traslado a la fiscalía para que se pronuncie sobre los mismos y fuentes consultadas por Efe han explicado que cada caso se estudiará por separado.

En Málaga ya se ha dado el caso de condenados a dos años de prisión por blanqueo de capitales como Isabel Pantoja, Benjamín Martínez y Fernando Salinas, que pese a que cumplían los requisitos para acceder a la remisión condicional se les denegó la suspensión de la pena y tuvieron que ingresar en la cárcel.

La investigación judicial de la trama de corrupción comenzó a finales de 2005 y se destapó en marzo de 2006 con la primera fase de detenciones.

El procedimiento judicial tuvo como consecuencia la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril del 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.