Sucesos

Detenidas cuatro personas en Jaén e investigada una funcionaria por la adjudicación de una campaña de publicidad

El eje del caso investigado por la Policía Nacional es un contrato por valor de 60.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a cuatro personas e investiga a una funcionaria de un organismo público por la presunta adjudicación fraudulenta de una campaña de publicidad. La autoridad judicial ordenó la investigación de una denuncia previa, interpuesta por un ex trabajador de una empresa de publicidad de la capital en la fiscalía.

El caso se inició el pasado mes de abril, cuando un juzgado de la capital ordenó a la policía investigar la denuncia presentada por un ex trabajador de la empresa en la fiscalía de Jaén. La investigación se centró en la presunta adjudicación de manera fraudulenta de unos contratos de publicidad, en el marco de una campaña llevada a cabo por un organismo oficial.

Los investigadores estudiaron la documentación aportada por la autoridad judicial e identificaron a los organismos públicos y empresas intervinientes, en total cuatro, si bien una de ellas quedó exonerada de la investigación. A continuación se centraron en investigar la adjudicación de una campaña de publicidad específica por un importe de 60.000 euros.

La ley de contratos del sector público obliga a los responsables del organismo oficial a solicitar ofertas al menos a 3 empresas para la realización del objeto del contrato cuando su importe sea superior a los 18.000 euros. Sin embargo, un responsable del organismo oficial, dentro de la campaña de publicidad, incumplió presuntamente la norma al realizar la operación por 60.000 euros.

La policía considera que la responsable de la empresa acordó con el ente público dividir el contrato entre varios, para lo que se puso de acuerdo con las otras dos empresas investigadas. Por esta razón, la empresa adjudicataria subcontrató a otra con el fin de darle forma legal, siempre, en connivencia con el responsable del organismo oficial.

La campaña tenía una duración de 6 meses. Las empresas investigadas facturaban por separado cada mes, para que dinero llegara finalmente y con apariencia legal al empresario adjudicatario de la campaña, quien facturaba a las otras empresas por importes exactos a los facturados al ente oficial. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que ninguna de las empresas que facturaban ejecutó trabajo alguno.

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