El delegado de Economía en Jaén, detenido por la adjudicación fraudulenta de publicidad

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio de la Torre, ha sido detenido en el marco de la operación Paraíso, desarrollada por la Policía Nacional de Jaén tras la denuncia del ex empleado de una agencia de publicidad. El eje de la investigación, que ha propiciado también la detención de tres empresarios del sector, ha sido la concesión de 60.000 euros de dinero público para una campaña publicitaria. La detención del dirigente de la Junta se deriva de su trabajo anterior en la Diputación de Jaén.

La brigada que ha investigado el caso considera que la cantidad otorgada, y la forma en que se ha hecho, vulnera presuntamente la ley de contratos del sector público, que obliga a los responsables de organismo públicos a solicitar ofertas al menos a 3 empresas cuando la cuantía de la campaña esté por encima de los 18.000 euros.

De la investigación se deduce que el responsable político adjudicó supuestamente 60.000 euros sin tener en cuenta este artículo de la normativa.

La investigación asegura que, para resolver el escollo, la adjudicataria subcontrató con dos empresas parte de la campaña para darle forma legal. Sin embargo, los agentes aseguran que no llevaron a cabo ningún trabajo relacionado con la campaña. La policía considera a las 3 empresas también responsables del presunto fraude. En concreto, imputa a los detenidos los delitos de prevaricación, negociación prohibida, corrupción en los negocios y falsedad documental.

La detención del delegado ha causado un revuelo político considerable. No obstante, el PP prefiere por el momento mantener un discurso prudente hasta tanto el juez no determine si el delegado de empleo ha cometido algún delito. En este sentido, el secretario general de la formación, Miguel Contreras, ha resaltado que debe de ser la instancia judicial la que fije si el dirigente político ha vulnerado normas legales.

En cualquier caso, el dirigente popular anuncia que pedirá al equipo de gobierno socialista de la administración provincial la relación de contratos de publicidad, toda vez que es un capítulo en el que gasta por encima de lo presupuestado. Al respecto, indica que en 2015 la cantidad fijada era de 813.000 euros y gastó 1,2 millones.

En cuanto a las responsabilidades políticas derivadas de la detención, Miguel Contreras ha indicado que si el juez acusa al delegado de algún delito debe de ser la Junta de Andalucía la que actúe en consecuencia.