La remodelación del Palacio de Doñana entra en vía penal

La remodelación del Palacio de Doñana, que inició el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para convertir un edificio del siglo XVI en laboratorio de proceso de datos y residencia de investigadores sin contar con licencia, ha entrado en la vía penal.

Cinco meses después de que la Fiscalía de Huelva pusiera en manos de los jueces una denuncia por presunta prevaricación y delitos de daños en el Patrimonio Histórico por las polémicas obras, el Juzgado de Primera Instancia a Instrucción 2 de La Palma del Condado admite a trámite la denuncia y ordena una serie de diligencias para depurar posibles responsabilidades y conocer los cambios que se han producido en la edificación. Las obras fueron paralizadas por el Ayuntamiento de Almonte a finales de abril de 2015 precisamente por carecer de licencia oportuna y tratarse de un edificio protegido.

El auto emitido por el instructor, al que ha tenido acceso ABC, acuerda que se cite a declarar en calidad de investigados a los denunciados, un total de nueve personas, entre los que se encuentran miembros de la Corporación de Almonte, personal del CSIC y arquitectos de la empresa constructora, así como a varios testigos, entre los que figuran el secretario del Ayuntamiento de Almonte, el arquitecto municipal y la asesora jurídica.

En esta fase de la investigación, el juzgado solicitará al departamento de Cultura de la Junta en Huelva y al Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH), sendos informes técnicos periciales sobre el valor concreto de los daños causados en el inmueble protegido por las obras acometidas y por las demoliciones ejecutadas y el coste aproximado de su restauración.

El instructor va demandar asimismo al Registro Mercantil las Hojas Registrales de las empresas denunciadas y, de otro lado, la documentación referida a las obras ejecutadas en el Palacio de Doñana la Agencia Estatal del CSIC

El juzgado Informará de la apertura de la investigación penal a las administraciones competentes (Subdelegación del Gobierno de España en Huelva, Delegaciones de las Consejerías de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almonte), para que paralicen -en su caso- los expedientes administrativos sancionadores y evitar así la duplicidad de sanciones.

Las obras perseguían una remodelación integral de parte del edificio, propiedad del Estado, para convertirlo en un moderno centro tecnológico, mientras que según su protección sólo se pueden acometer en él obras de conservación y mantenimiento sin alterar ni acabados ni materiales y previo informe técnico municipal favorable.